Generalitat recauda 18,5 millones con impuesto sobre pisos vacíos, 63 % más

La Generalitat recaudó el año pasado 18,5 millones de euros con el impuesto catalán a los pisos vacíos, lo que[…]

La Generalitat recaudó el año pasado 18,5 millones de euros con el impuesto catalán a los pisos vacíos, lo que supone un 63,7 % más que en 2015, unos ingresos que el Govern usará para adquirir 350 pisos para uso social que proceden de daciones en pago o ejecuciones hipotecarias.

En rueda de prensa para hacer balance de la aplicación de este impuesto en 2016, el segundo ejercicio que está en vigor, la consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat, Meritxell Borràs, ha justificado el aumento recaudatorio porque el impuesto empezó por aplicarse en 72 municipios y en 2016 el Govern lo extendió a 234 poblaciones catalanas con demanda acreditada de vivienda.

La consellera ha explicado que desde el año 2015 la Generalitat ha invertido un total de 32,95 millones en adquirir y adecuar para uso social un total de 601 pisos en municipios con necesidades de vivienda: 184 en 2015, 276 en 2016 y 141 en lo que va este año.

La Generalitat ha podido comprar estos inmuebles gracias a los ingresos obtenidos por el impuesto sobre pisos vacíos y por otras vías, y la previsión del ejecutivo catalán para 2017 es acabar el ejercicio con un total de 641 pisos adquiridos.

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De estos 641 pisos, 141 ya han sido adquiridos y otros 500 más serán comprados a lo largo de 2017, de los cuales 350 se sufragarán con los 18,5 millones obtenidos por el impuesto de pisos vacíos.

Este impuesto se aplica a aquellos pisos que han estado vacíos durante más de dos años sin causa justificada, y se cobra a entidades bancarias, sus filiales inmobiliarias o bien a fondos de inversión.

En 2016 la Generalitat recibió un total de 179 autoliquidaciones por parte de 464 personas jurídicas a quienes correspondía abonar este impuesto.

Estos 18,5 millones ingresados son fruto de la aplicación del impuesto a un total de 12.460 viviendas en Cataluña que sumaban más de un millón de metros cuadrados, lo que supone una recaudación en torno a 1.500 euros por cada uno de esos pisos vacíos, que de media tienen unos 80 metros cuadrados.

El impuesto sobre los pisos vacíos está en vigor porque, a pesar de haber sido recurrido por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional y de haber estado suspendido cautelarmente durante varios meses en 2016, el TC levantó la suspensión a finales de septiembre.

No obstante, el Alto Tribunal todavía debe pronunciarse sobre la adecuación a legislación de este impuesto catalán, que persigue reducir el número de viviendas desocupadas y aumentar el número de alquileres sociales.

En esta línea, la consellera ha asegurado que "si fuera por el Estado, la Generalitat no habría podido recaudar este dinero" para vivienda social, y ha opinado que el Gobierno "va en contra de los ciudadanos de Cataluña y se dedica a recurrir las leyes impulsadas desde Cataluña".

La consellera ha resaltado que esta ley ha tenido un "papel incentivador importante", ya que ha hecho que se disparara el número de entidades bancarias que pactan alquileres sociales (en 2015 se hicieron 4.402 en Cataluña y 6.128 en 2016).

Asimismo, la consellera también ha asegurado que la banca ha multiplicado la cesión de pisos a la Generalitat, de forma que el Govern gestiona ya 27.000 pisos, un 14 % más que en 2012, aunque ha expresado su voluntad de ampliar el parque público de vivienda.

La Generalitat ha podido adquirir estos 601 pisos desde 2015 gracias al derecho de tanteo y retracto, una fórmula que Borràs ha defendido para evitar la "especulación" por parte de grandes fondos de inversión internacionales.

Por otra parte, el derecho de tanteo y retracto por parte de la administración ha permitido también que durante 2015 y 2016 ayuntamientos y entidades sociales pudieran adquirir 257 pisos para uso social, 234 por parte de los entes locales y el resto por entidades sociales.

En cuanto a la recaudación prevista para 2017, la Generalitat espera que sea similar a la de 2016, dado que se continuará aplicando el impuesto en 234 poblaciones catalanas.

Están exentos de este impuesto los inmuebles de entidades sociales, los incluidos en programas sociales de vivienda, los apartamentos turísticos o bien las viviendas vacías situadas en municipios con escasa demanda de vivienda.

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