GEN: Ley de Urbanismo protege al alcalde de Sant Josep por licencias ilegales

La asociación ecologista GEN-GOB ha denunciado hoy que la disposición transitoria de la Ley de Urbanismo que permite convertir en urbanos los terrenos del Grupo Matutes en Platja d'en Bossa busca "cubrir las espaldas" del alcalde de Sant Josep por dar "licencias ilegales".

Esta protección del alcalde, Josep Marí Ribas, y de su antecesora, Neus Marí, la ley "legaliza y ampara, con premio y sin ninguna sanción, las gravísimas ilegalidades cometidas en primera línea de costa en la isla de Ibiza".

En un comunicado, los ecologistas han advertido de que la "descaradamente admitida ley a medida de la familia Matutes", que han denominado "Ley Matutes", "probablemente persigue cubrir las espaldas del alcalde que lo ha pospuesto al Parlament (...) por haber otorgado un número indeterminado de licencias ilegales de obra mayor en el interior de estos terrenos los últimos años".

"Según parece, en el interior de los suelos que se pretenden regularizar se habrían podido otorgar, en los últimos años e, incluso, durante el año en curso, un número indeterminado de licencias de obra mayor que, al encontrarse en suelo rústico y inedificable, serían ilegales", han asegurado.

El GEN añade que para otorgar estas licencias se tendría que haber prescindido del procedimiento administrativo reglado, "cosa que las haría nulas de pleno derecho y podría poner a los responsables en una situación muy comprometida desde el punto de vista de las responsabilidades administrativas y penales".

En esta línea, la asociación asegura que, a pesar de que ha pedido reiteradamente en el ayuntamiento, en los últimos años, información sobre las licencias otorgadas en estos suelos, "sin haber recibido ninguna respuesta al respecto", existe la posibilidad que esta institución haya recibido notificación de "la interposición de algún recurso contencioso o incluso de alguna querella criminal, cosa que habría hecho precipitar una fórmula de legalización de las infracciones cometidas, tanto por parte de los promotores como por parte del propio ayuntamiento".

"No las de hace 30 años, sino las que se han cometido continuadamente hasta 2017", dice el GEN, que advierten de que "podría ser, a pesar de que es improbable", que algunos de los diputados que votaron a favor de la disposición "no estén todos informados de que las ilegalidades que ampararon no fueran las cometidas hace 30 años sino que se han seguido perpetrando hasta el día de hoy".

Los ecologistas piden consideran que la presidenta del Govern, Francina Armengol, no sólo tiene que derogar de forma fulminante la disposición transitoria 14 de la Ley de Urbanismo, "sino que tiene que instar a Josep Marí Ribas, alcalde de Sant Josep, a dimitir inmediatamente de su cargo y abrir una investigación sobre los hechos para depurar responsabilidades".EFE

la/tar

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