Francia adjudica el aeropuerto de Niza a Azurra y el de Lyon a Vinci

El Estado francés anunció hoy los dos consorcios ganadores en la privatización de los aeropuertos de Niza y de Lyon, el de Azurra (integrado por Atlantia, Aeroporti di Roma y EDF) para el primero y el liderado por Vinci, y completado por CDC y Predica, para el segundo.

En sendos comunicados, el Gobierno indicó que uno y otro consorcio se quedarán con la participación del 60 % que tenía el Estado en esas dos plataformas, en las que mantendrán el 40 % restante las respectivas cámaras de comercio, así como las administraciones regionales, departamentales y locales.

Las cesiones de las participaciones estatales permitirán la obtención de 1.757 millones de euros para las arcas públicas, según los ministerios de Finanzas y de Economía, que subrayaron que las ofertas elegidas eran las mejores en términos financieros.

Por lo que respecta al aeropuerto de Niza -el tercero en importancia de Francia, tras los dos de París-, el consorcio Azurra que se hará cargo está compuesto por Atlantia (65,01 %), EDF (24,99 %) y Aeroporti di Roma (10 %).

El Ejecutivo francés destacó que la llegada al capital de la plataforma de Niza de "un inversor privado experimentado y que se compromete a largo plazo debe permitir ofrecer perspectivas sólidas para el desarrollo del aeropuerto y de su territorio".

Se trata -añadió- de "contribuir al atractivo y al dinamismo de toda la economía regional como ya ha ocurrido en Europa en operaciones anteriores, en particular en Bélgica, en Alemania, en el Reino Unido y en Italia".

En el caso de Lyon, el consorcio está encabezado por Vinci Airports (51 %) y lo completan la entidad financiera estatal Caisse des Dépôts et Consignations (CDC, 24,5 %) y la aseguradora Predica (24,5 %).

La española Ferrovial, ya avanzó a finales de julio del pasado año, que también estaba interesada en dichos aeropuertos franceses.

Los ministerios de Finanzas y Economía galo hicieron notar que aunque dejará de ser accionista, el Estado conservará los mecanismos para "garantizar la robustez económica de la empresa y el respeto de las exigencias vinculadas al servicio público aeroportuario", sobre todo en materia de seguridad y medioambiental.