Fomento rebaja un 30% el peaje de las autopistas rescatadas desde enero
Pretende ganar tráfico con ello, mientras en el resto de la red de pago el precio subirá un 1,7% en línea con la inflación
El Gobierno no tiene planes a corto plazo para volver a licitar las nueve autopistas de peaje rescatadas por el Estado este año, aunque en la AP-41 Madrid-Toledo aún no han finalizado los trámites de expropiación. El último indicio de ello es la fuerte rebaja del 30% en sus peajes anunciada este martes por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
La medida entrará en vigor a partir del 15 de enero próximo, y la reducción prevista de ingresos se costeará a través de las arcas públicas pues ahora son gestionadas por la sociedad estatal Seittsa. No obstante, desde el Ministerio confían en que la cantidad a compensar sea menor de la que teme el sector de las grandes concesionarias privadas, pues creen que aumentará de forma apreciable el tráfico inducido en esas vÍas por los precios más bajos.
«De este modo -dijo Ábalos-, contribuiremos a mejorar la movilidad y el aprovechamiento de la infraestructura». No obstante, todavía sigue pendiente de resolver el modelo de financiación de la red de vías de Estado, justo ahora que han empezado a vencer los contratos más antiguos. El pasado 30 de noviembre lo hizo el de la AP-1 entre Burgos y Álava, y a finales de 2019 lo harán otros dos en la AP-4 Sevilla-Cádiz y en dos tramos de la Autopista del Mediterráneo AP-7 que unen Tarragona, Valencia y Alicante.
La AP-1 ya es gratuita tras ser recuperada por el Estado, mientras que las otras dos seguirán el mismo camino de mantenerse el mismo Gobierno. Para el resto de vencimientos, que llegarían a partir de 2021, habría que esperar el resultado que deparen las urnas. De recuperar el Estado la treintena de vías de pago que gestiona ahora el sector privado y hacerlas gratuitas, el coste anual para las arcas públicas superaría los 1.000 millones de euros.
De hecho, en toda esa red de autopistas (2.040 kilómetros de extensión si se excluyen los 510 kilómetros de las vías rescatadas) sí subirán los peajes en 2019, un 1,7% -dos décimas menos que el año anterior- en virtud de la fórmula de revisión automática anual pactada en 2002, que vincula esos incrementos también con la inflación (se compara el IPC medio de octubre de un año al del siguiente). Asimismo, se ponderan esos precios con la evolución de los tráficos, cuya intensidad media diaria supera por poco los 20.100 usuarios.
Modelo bajo revisión
Por eso Fomento ha impulsado la creación de una subcomisión en el Congreso donde se debata dicha cuestión. Su propuesta inicial pasa por la colaboración entre el sector público y el privado para financiar las nuevas infraestructuras. «No se nos ocurre otra vía», apuntó hace poco su secretario de Estado, Pedro Saura. No obstante, tampoco quieren adelantarse a lo que pueda deparar un debate parlamentario que espera sea «directo y valiente».
A priori, el ministro Ábalos ve factible establecer algún tipo de canon, directo o indirecto, pues el margen de maniobra del Estado para afrontar los 11.000 millones anuales que costaría mantener la red de carreteras española (20.000 kilómetros y creciendo) es limitado sin nuevos recursos, esto es, sin nuevos impuestos o tasas o bien estableciendo algún tipo de canon por su uso.
Mientras, la reprivatización de las nueve autopistas rescatadas queda aparcada 'sine die' porque el interés de las posibles concesionarias es «relativo» en un horizonte de posibles rebajas de peajes, junto a contratos de duración más corta. La previsión inicial era obtener entre 700 y 1.000 millones por esos concursos, que se destinarían a pagar parte de la indemnización por las expropiaciones (RPA), una reclamación que el sector eleva hasta más de 4.000 millones.
