Fiscalía respalda que se acceda a los correos de la Junta sobre Aznalcóllar

La Fiscalía ha respaldado que se pueda acceder a los miles de correos electrónicos de tres altos cargos de la Junta de Andalucía y de doce funcionarios relacionados con la mina de Aznalcóllar (Sevilla) obtenidos por la Guardia Civil, proceso que la juez suspendió por razones de seguridad jurídica.

En un escrito al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía considera que el volcado de los correos, ahora almacenados en un disco duro, no es una diligencia "indiscriminada ni innecesaria y no supone el inicio de una investigación prospectiva".

El pasado 20 de febrero, la juez de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, suspendió el volcado de los correos tras la petición de varios de los afectados, entre ellos la viceconsejera de Empleo y ex directora general de Minas, María José Asensio.

La Fiscalía afirma que esta diligencia no es indiscriminada porque solo afecta a los correos recogidos entre los años 2013 y 2016 relativos al proceso de adjudicación de la mina, que investiga el juzgado tras la denuncia de Emerita Resources, la empresa perdedora del concurso, resuelto por la Junta en febrero de 2015 a favor de Minorbis.

Tampoco es innecesaria, según la Fiscalía, porque la diligencia ordenada por la juez se basa en el auto de la sección séptima de la Audiencia de Sevilla que ordenó reabrir el caso tras su archivo en el juzgado de instrucción 3.

La Fiscalía concluye que la indagación de los correos "no supone el inicio de una investigación prospectiva, puesto que lo que aquí se investiga es un presunto delito de prevaricación en el que supuestamente hubieran podido incurrir los empleados que conformaron la Mes de Contratación y la Comisión Técnica" del concurso.

Antes de indicar que "no puede discutirse la legitimidad" de la diligencia ordenada por la juez, la Fiscalía recuerda que la juez la acordó porque era "imprescindible para averiguar si hubiera habido algún tipo de apoyo o indicación institucional" de la Junta previo o paralelo al discurrir del concurso.

En este sentido, indica que "cuando menos resulta llamativo la aceptación por un empleado público de una invitación a una recepción organizada por una compañía licitadora o que va a serlo; o la asistencia de empleados públicos a una reunión en la sede de compañías licitadoras o que pudieran serlo".

También explica la Fiscalía que el examen de los correos se basa en los cinco encuentros que, presuntamente, tuvieron lugar entre los años 2013 y 2014 por parte de altos cargos de la dirección general de Minas de la Junta y directivos de Emerita, así como las reuniones de éstos con los administradores de Minorbis y por las "supuestas llamadas" entre ellos.

Además, la Fiscalía afirma que "no existe vulneración de la intimidad ni del derecho al secreto de las comunicaciones del empleado por cuanto se trata de un correo corporativo para el cual el Estatuto de los Trabajadores permite dicho control".

"Se trata de direcciones de correo corporativas en las cuales no puede haber misivas o mensajes privados o particulares, sino únicamente correos relativos al trabajo del empleado público", subraya el Ministerio Público.

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