Familias afectadas por venta de pisos del Ivima cumplen "4 años de calvario"

Las familias afectadas por la venta de 2.935 viviendas sociales del IVIMA al fondo de inversión Azora-Goldman Sachs cumplen hoy "cuatro años de calvario", bajo las presiones de la filial Encasa Cibeles, y denuncian haber sido "ignorados por el Gobierno regional".

Según la Asociación de Afectados, muchas familias "se han visto obligadas a dejar aquellos pisos públicos que en su día recibieron como la culminación de un sueño, ante el abandono de Encasa Cibeles o tras perder las ayudas al alquiler para moradores de vivienda pública".

"Hoy, 25 de octubre, se cumplen cuatro años de uno de los hechos más tristes de la historia de nuestra región: la venta de 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales de la Comunidad de Madrid al fondo buitre Goldman Sachs, a través de su filial Encasa Cibeles", y su situación "no ha hecho más que empeorar", aseguran en un comunicado.

"Las familias están recibiendo todo tipo de presiones por parte de Encasa Cibeles, mientras la Comunidad de Madrid mira para otro lado", con el argumento de que "la responsabilidad es de un Gobierno anterior, y no del actual. ¿A quién hemos de pedir amparo entonces, más allá de los jueces?", preguntan.

"En estos momentos están enviando cartas a familias en las que comunica que deben abandonar su domicilio ante la conclusión de su contrato de alquiler, para después mandar a sus mediadores a hacerles una visita", señalan.

Una vez allí, "invitan a la familia afectada a que lleve la carta de aviso a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para tener más posibilidades de obtener una vivienda de alquiler social", según la asociación de Afectados por la venta de pisos del Ivima (AVVI).

También denuncian "la lentitud de la justicia y la falta de colaboración e incluso el bloqueo de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Hacienda en este caso, lo que está haciendo que se prolongue mucho más de lo razonable", agregan.

"Desde diciembre del año pasado esperamos un informe judicial que determine el coste real de la operación de venta, una demora inaudita que ha motivado la ampliación de la instrucción 18 meses más", se queja la entidad ciudadana, que anuncia nuevas movilizaciones para las próximas semanas.

En el segundo trimestre de este año, AVVI se concentró hasta cinco veces ante el Gobierno regional para exigir "justicia y reparación, y seguirá protestando hasta lograr su objetivo", aseguran sus portavoces.

En el plano judicial, "aún permanecen abiertos un proceso penal y cinco procesos contencioso administrativos (tres colectivos y dos individuales)".

La causa penal, que se encuentra el Tribunal de Instrucción número 48 de Madrid, "precipitó la dimisión de Juan Van-Halen Rodríguez, como director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento al ser citado como investigado".

La mayoría de afectados "sigue resistiendo en sus casas a pesar de las innumerables presiones del fondo de inversión para que las abandonen", y no están dispuestas a cejar en una lucha que persigue, en última instancia, "la reversión de la operación de venta organizada por el Ejecutivo autonómico y la reparación de los afectados por el terrible daño causado en todos estos años", concluye.

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