España, país más activo de la UE en el control de la pesca ilegal, según ONG

España es el país más activo de la Unión Europea (UE) en los controles contra la pesca ilegal y a la hora de verificar las importaciones para evitar que entren capturas ilícitas, según un informe publicado hoy por cuatro organizaciones ecologistas.

El estudio critica que la vigilancia pesquera en la Unión Europea (UE) es muy desigual y que los esfuerzos de los que más actúan -entre los que resalta España- se ven contrarrestados por la laxitud de otros Estados miembro, lo que favorece que el pescado ilegal se cuele en el mercado.

El documento ha sido suscrito por las organizaciones Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana, The Pew Charitable Trusts (PEW) y WWF y analiza información notificada por los países a Bruselas entre 2014 y 2015.

Respecto a España, apunta que fue el que más verificaciones y solicitudes de información hizo a países terceros para evitar la entrada de pesca ilegal, con 1.643 expedientes y 58 rechazos; le seguiría Irlanda, con 558 expedientes.

"La aplicación del reglamento contra la pesca ilegal de la UE en España ha tenido resultados significativos respecto a la denegación de importaciones", según el informe.

Además, resalta el ejemplo de los controles "rigurosos" en los puertos españoles desde 2010, con inspecciones al cien por cien de los desembarcos, en casos como el de Las Palmas, lo que ha provocado un descenso de las descargas, ya que los operadores buscaban puertos con menos vigilancia.

España es el cuarto importador mundial de productos de la pesca, con una entrada de 860.000 toneladas anuales, lo que supone el volumen más importante de la UE, según el estudio.

Las ONG han señalado que ante la disparidad, las importaciones a España bajan y los flujos de alto riesgo son desviados a países menos rigurosos.

"Las disparidades menoscaban los elevados estándares alcanzados por algunos Estados miembro", según el representante de PEW, Tony Long.

Por el contrario, el informe pone de manifiesto "los bajos niveles de notificación de otros países (...), lo que dificulta la realización de una evaluación de los riesgos de pesca ilegal", según la directora de campañas de pesca de Oceana, María José Cornax.

Las ONG han solicitado procedimientos "más armonizados", así como la digitalización de la información sobre las capturas, con el fin de evitar que los operadores "sin escrúpulos" introduzcan sus productos.

"El reglamento de la UE es una poderosa herramienta contra la pesca ilegal, pero los certificados en papel y la falta de coherencia en el control dejan las puertas del abiertas al abuso; pedimos a la Comisión Europea (CE) que proporcione una base de datos comunitaria", según la directora de políticas marinas europeas de WWF, Samantha Burgess.

El estudio "supone un toque de advertencia a los países y a la Comisión Europea (CE) (...); les instamos a que se aseguren de que se deniega la entrada a los envíos ilegales", según el director ejecutivo de EJF, Steve Trent.

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