Energía espera situación política no complique proposición cierre centrales

El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha dicho hoy que espera que la situación política no complique la tramitación de la proposición de ley para regular el cierre de centrales eléctricas, porque España necesita una regulación que aborde mejor este problema.

Navia, que ha comparecido en la Comisión de Presupuestos del Senado, ha manifestado a Efe que es verdad que esa proposición, presentada por el Grupo Popular después de que el Ministerio intentara regularla por un real decreto, tiene "una negociación parlamentaria complicada".

Ha recordado que el PSOE ya había dicho que no la compartía, y ha manifestado que al Gobierno le hubiera interesado gestionar y aprobar esa ley cuando antes, "porque efectivamente ya hay un problema planteado de cierres".

"Nosotros entendemos que hay que regular y es innegable que la situación política puede complicar ésto", ha añadido Navia que, no obstante, ha dicho que espera que eso no ocurra porque, "desde el punto de vista energético, entendemos que hay que tener una regulación de cierres en España más sofisticada y que aborde mejor el problema que tenemos".

El Gobierno intenta con su iniciativa que se pueda denegar la autorización para cerrar una central de generación eléctrica de cualquier tipo no sólo por seguridad del suministro, sino también por su repercusión en los precios, y ya intentó regular esa cuestión mediante un real decreto.

En España, Iberdrola ya ha anunciado su intención de cerrar sus dos últimas centrales de carbón en España y en el mundo, la de Lada, en Asturias, y la de Velilla, en Palencia.

Por otra parte, Navia, preguntado por el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el viernes, que atribuye al Ministerio la fijación de peajes del gas, una competencia que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha venido defendiendo en el caso de la electricidad, ha indicado que si existiera un conflicto legal, no lo hubieran hecho.

La CNMC ha venido reclamando esa competencia amparándose en la postura de la Comisión Europea (CE), que abrió un procedimiento de infracción contra España, de que los peajes deben ser fijados por organismos independientes.

Navia ha dicho que existe un informe del Consejo de Estado, que es público, que ratifica la posición del Gobierno de que la incompatibilidad de la normativa española con las directivas europeas no está declarada por el momento.

Ha recordado que el resultado del dictamen motivado abierto a España por esta cuestión todavía no es conocido ni se sabe cómo acabará y, por tanto, lo que la ley española dice a día de hoy es que la estructura de peajes, que es lo que se fija en el real decreto, es competencia del Gobierno.

Ha añadido que, "tanto la CNMC como nosotros, tenemos que ser prácticos" y lo que no se puede hacer es "bloquear la regulación de cosas que son tan importantes como el 'bunkering' (repostaje de gas de barco a barco) hasta que este conflicto europeo, que no es único de España, pues Alemania tiene una situación similar, se resuelva".

Respecto a la reclamación al Estado presentada por los bancos Santander, CaixaBank y Bankia por los 1.350 millones que aportaron para facilitar el cierre del almacén de gas Castor, Navia ha dicho que sigue siendo analizada por los servicios jurídicos del Ministerio y, cuando esté el análisis, solicitarán un informe al Consejo de Estado.