Elaboran un manual para extender el 30% de vivienda pública a toda Cataluña

Varias entidades sociales, entre ellas la PAH de Barcelona, han elaborado un manual de uso para conseguir extender a todos los municipios catalanes que toda la obra nueva construida o de gran rehabilitación tenga que destinar a vivienda protegida el 30 % de su superficie.

Representantes de la PAH, del Observatori DESC, de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona, la Asamblea de Barrios por un Turismo sostenible y el Sindicato de Llogaters (inquilino) han dado a conocer este miércoles en rueda de prensa, en Barcelona, este nuevo manual.

El objetivo de este "kit" es ayudar a colectivos e iniciativas que apuesten por impulsar la tramitación y aprobación del 30 % en sus municipios, como se consiguió el pasado diciembre en el Ayuntamiento de Barcelona, tras un año de lucha, ha explicado Lucía Delgado, de la PAH de Barcelona.

El manual informa sobre la medida del 30 % de reserva de superficie para vivienda protegida, porque es importante extender esta medida a toda Cataluña, las fases para conseguirlo y diversas recomendaciones, así como temas importantes a tener en cuenta durante el impulso de la iniciativa.

Carlos Ávila, del Sindicato de Llogaters de Rubí (Barcelona), ha explicado que la moción fue aprobada por unanimidad en este municipio en noviembre del pasado año y que, ahora, "para que no quede en una simple declaración política", los impulsores de esta iniciativa tratarán este tema en la Mesa de la vivienda de esta población.

Otras poblaciones del área metropolitana también han dado pasos para tirar adelante esta reserva de superficie para vivienda protegida, como Cerdanyola o Ripollet.

Según los convocantes de la rueda de prensa, en otros once municipios cercanos a Barcelona se impulsan iniciativas para conseguir la reserva del 30 %.

"Hay que exigir al sector privado que se implique en resolver un problema que les incumbe, ya que hacen un negocio muy lucrativo con la vivienda, que es un derecho fundamental", afirman.

Por su parte, Irene Escorihuela, del Observatorio DESC, ha reclamado al Govern que modifique la ley que permite revertir la vivienda protegida en privada al cabo de un cierto número de años y que para que se pueda extender la reserva del 30 % se pueda aprobar de forma automática en toda Cataluña y no se deba aprobar municipio a municipio.

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