ELA acusa a la Diputación de "pasotismo" ante la precariedad en las obras

El sindicato ELA ha acusado hoy a la Diputación Foral de Gipuzkoa de "pasotismo interesado" y de "mirar hacia otro[…]

El sindicato ELA ha acusado hoy a la Diputación Foral de Gipuzkoa de "pasotismo interesado" y de "mirar hacia otro lado" ante "la vergonzosa" situación de "precariedad", "fraude" e "ilegalidad" de los trabajadores de la construcción en "las grandes obras" del territorio.

El responsable del sector de la construcción en Gipuzkoa de ELA, Igor San José, ha hecho esa acusación en las Juntas Generales, ante cuya Comisión de Promoción Económica ha comparecido esta mañana, a petición de EH Bildu.

San José ha mencionado en su intervención las reiteradas denuncias de su sindicato en la Inspección de Trabajo, el Consejo de Relaciones Laborales y los tribunales de justicia -que llevan su curso y "casi siempre" les dan la razón-, así como sus comparecencias ante la prensa y distintas instituciones vascas, a donde acude con "pruebas". "Pero los políticos siempre miran hacia otro lado y no hacen nada", ha lamentado.

Ha detallado las condiciones "precarias y fraudulentas" con las que se construyen cinco obras públicas de Gipuzkoa: las de Deskarga y la incineradora, adjudicadas por entidades dependientes de la Diputación; las de Txomin Enea y el estadio de Anoeta, vinculadas al Ayuntamiento de San Sebastián; y las del TAV, gestionada por el Gobierno Vasco.

Ha afirmado que en estas construcciones, y "en todas", la institución foral "tiene responsabilidad" en que se hagan "en condiciones de trabajo dignas" que "respeten la ley".

Según ha asegurado, en general, en esas cinco obras, los empleados, en su mayoría extranjeros, que trabajan para subcontratas a las que las UTE adjudicatarias encomiendan distintas tareas, cobran de 5 a 9 euros por hora, lo que supone "un 60 % menos" de lo fijado en el convenio de aplicación en Gipuzkoa, que es de 2009.

Ha denunciado que los operarios de dichas subcontratas llevan a cabo "jornadas abusivas", de 10 a 12 horas al día y 6 a 7 días a la semana, y "sin derecho a vacaciones, dietas, pagas o bajas por enfermedad", lo que equivale a "explotación" y "seguridad cero".

La construcción de la incineradora de residuos "va a buen ritmo según dice el diputado responsable", pero en condiciones "vergonzosas" de "total precariedad", ha advertido el sindicalista, quien ha manifestado, entre otras cosas, que a los operadores de grúas se les aplica el convenio de Castilla y León.

La ejecución de autovía de Deskarga ha sido definida por San José como "el I D i de las empresas piratas", cuyas "formas de eludir el convenio" pasan por "contratos fraudulentos" con "falsos autónomos trabajando a destajo" o "dobles contratos parciales".

El nuevo desarrollo urbanístico de Txomin Enea presenta, según ha dicho, "un coctel explosivo" de "jornadas abusivas, ritmos exagerados y salarios de miseria", a la vez que ha ofrecido a los junteros el libro "Zuloan", editado por su sindicato a partir de una investigación sobre la precariedad en las obras del TAV.

Todo "este entramado" parte de "unas adjudicaciones de miseria", ha concluido el sindicalista, quien ha criticado que "las instituciones están contentas porque las obras salen más baratas" y las grandes UTE adjudicatarias "cogen también su parte de la tarta" porque "subcontratan todo" y "siempre hay alguien que hace el trabajo" aunque "no cumpla los convenios ni respete la ley".

La procuradora de EH Bildu Judit García ha exigido al gobierno foral de PNV y PSE que cumpla las normas forales aprobadas en la anterior legislatura que obligan la inclusión de cláusula sociales en la contratación de obra pública en Gipuzkoa, las cuales "están en un cajón y no se utilizan".

Ha pedido asignaciones económicas "suficientes" para "controlar las condiciones de trabajo", "evitar abusos" y "garantizar los derechos", así como "la regulación o limitación de la subcontratación".

La juntera de Podemos Mónica Mora ha expresado por su parte su "preocupación" por la situación "muy grave" expuesta por ELA, ha defendido que "el interés general debe prevalecer sobre la ejecución" de los proyectos y se ha comprometido a "impulsar iniciativas de control y seguimiento" de este tipo de obras.

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