El Tribunal de Cuentas europeo ve fallos en el pago básico a agricultores

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) afirmó hoy que el plan de pago básico a agricultores (BPS) introducido en la reforma de la Política Agraria Común (PAC) de 2015 tiene "fallos inherentes", según un informe publicado hoy.

Los auditores consideran que aunque el programa se encuentra en funcionamiento, sus niveles de "simplificación, focalización de los pagos y convergencia de las ayudas son limitados" y señalan la complejidad del proceso como uno de los elementos a mejorar.

El BPS ofrece una renta básica a los agricultores con el objetivo de fomentar una producción alimentaria viable en toda la UE y tiene un presupuesto anual de cerca de 18.000 millones de euros destinados a cuatro millones de agricultores.

Según el tribunal, a pesar de ser un instrumento fundamental para los agricultores europeos, el modelo ha recibido diversas críticas por su complejidad e inconcreción.

"La simplificación fue un principio clave en la reforma de 2013, pero las normas del BPS siguen siendo muy complejas", dijo el Tribunal en un comunicado.

La reforma de 2013 amplió las categorías de cosecha que podían beneficiarse de estos pagos debido a que cada Estado miembro tenía su propia definición de "tierra agrícola" y "tierra de actividad agrícola" para que las ayudas fueran dirigidas principalmente a agricultores activos.

Sin embargo, según el informe, este cambio provocó "importantes problemas de implementación".

Además, el Tribunal de Cuentas indicó que un modelo de pagos basado en el tamaño de las explotaciones y no en los ingresos, fomenta que las ayudas se dirijan a las grandes explotaciones.

"El BPS es una fuente importante de ingresos para muchos agricultores, pero tiene limitaciones intrínsecas. No tiene en cuenta las condiciones de mercado, el uso de terrenos agrícolas las condiciones individuales de cada parcela, y no hace un análisis de la situación general de los ingresos de los agricultores", dijo el responsable del informe, João Figueiredo.

Los auditores añaden en su análisis que aunque la Comisión Europea (CE) proporcionó amplia información a los Estados miembros sobre cómo calcular los importes a recibir, ésta no puede siempre garantizar "que las normas estaban siendo aplicadas de forma consistente".

"La Comisión carecía de herramientas para monitorizar información importante", señala el texto.

Por último, los auditores proponen a la CE que en el modelo posterior a 2020 analice los factores que afectan a los ingresos de todos los agricultores y sus necesidades de apoyo financiero.

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