El Principado dice que informe de CNMC no es vinculante y apoya al Gobierno

El consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado, Isaac Pola, ha destacado hoy que el informe de la Comisión[…]

El consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado, Isaac Pola, ha destacado hoy que el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el decreto del Gobierno que busca la pervivencia de las centrales térmicas no es vinculante y ha abogado por que los gobiernos determinen la política energética del país.

Tras conocerse el informe que pone en duda la base legal del decreto con el que el Gobierno central trató de alargar la vida de las centrales térmicas, como la de Lada, el consejero ha explicado que el Ejecutivo autonómico está en la línea de lo que había propuesto el Gobierno central en el decreto y ha recalcado que el informe de la CNMC es "preceptivo pero no vinculante".

"La política energética industrial la hacen los gobiernos, no las empresas", ha defendido Pola, quien ha abogado por un marco regulatorio "adecuado" que dé soporte a esta opción, como se está planteando en el decreto.

A su juicio, la de la CNMC es "una visión parcial", ya que los gobiernos, además de la libertad de mercado tienen otras preocupaciones, como la incorporación de la visión del interés general.

Pola ha relatado que el informe de la CNMC dice que el decreto "no es legal conforme a la normativa vigente", y ha apuntado que lo que hace el Ministerio con su propuesta es incorporar nuevas hipótesis a esa normativa.

Así, ha indicado que la energía eléctrica es "un buen esencial" para el desarrollo de la actividad doméstica y empresarial y "no debe ser tratada de forma general como otro mercado cualquiera".

Por eso, entiende que se incluyan hipótesis adicionales en la regulación sobre el cierre de las instalaciones de generación eléctrica al margen de la que ahora contempla la normativa, que se limita a los efectos en la garantía del suministro.

Según ha relatado, se contemplaría que el gobierno puede no autorizar esa desinstalación por razones de carácter económico, ambiental o planificación energética.

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