El Parlament crea una comisión de investigación sobre el proyecto Castor

El pleno del Parlament ha aprobado hoy crear una comisión de investigación sobre el proyecto Castor y las consecuencias derivadas del mismo, después de que entre 2013 a 2014 la inyección de gas en un depósito submarino provocara centenares de miniterremotos en las costas de Castellón y Tarragona.

La creación de la comisión de investigación sobre el proyecto Castor ha sido aprobada con los votos favorables de todos los grupos de la cámara, aunque con argumentos distintos que han quedado reflejados al posicionarse sobre la misma.

La finalidad de esta comisión de investigación será la de poder evaluar las causas, los antecedentes así como "las posibles negligencias o incluso actuaciones dolosas ocurridas en relación con el proyecto Castor en Cataluña".

A tal efecto, la comisión pedirá la comparecencia de "expertos, especialistas, técnicos, responsables políticos y movimientos sociales" y buscará "tener una descripción" sobre "la implantación del proyecto Castor".

También se analizará la documentación referente al proyecto y la realización de "dictámenes, auditorías o contra-informes", y se valorarán "los posibles daños, consecuencias y responsabilidades" así como "una posible vulneración del principio de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica".

Finalmente, la nueva comisión de investigación estudiará "el coste y el impacto medioambiental del proyecto, así como de las fases de sellado y desmantelamiento".

En el debate previo a la votación, por parte de ERC, que es el grupo proponente de la comisión, el diputado Lluís Salvadó ha recordado que aunque en el proyecto Castor "no hubo que lamentar víctimas, la desestabilización de las fallas puede provocar causas catastróficas".

También ha recordado que "cinco años después hay abiertos procedimientos judiciales y estudios de expertos que demuestran los perjuicios que provocaron el proyecto, aunque eso sí, 36 meses después el empresario Florentino Pérez y su empresa ACS y filiales, cobraron 1.200 millones de euros con una celeridad insólita".

Salvadó ha reclamado que se obligue a Florentino Pérez a devolver el dinero cobrado como indemnización "porque su empresa provocó graves daños en el territorio".

La diputada de JxCat Mònica Sales ha lamentado que la próxima ministra de Medio Ambiente del nuevo Gobierno del PSOE, Teresa Ribera, en 2009 dictaminara que no hacía falta una declaración de impacto ambiental del proyecto Castor, ni tampoco evaluar los riesgos sísmicos.

David Cid, de Catalunya En Comú, ha definido el proyecto Castor como "uno de los fracasos más sonados de la política de infraestructuras del Estado español" y ha advertido que "hay una responsabilidad compartida de PSOE y PP" y que representa "todo un símbolo de cómo actúan las élites extractivas de este país".

Maria Sirvent, de la CUP, ha reprochado que "mafiosos y corruptos se paseen por las calles como si fuesen autoridades" y que en la cultura capitalista y neoliberal "se socialicen las pérdidas y se preserven los beneficios personales".

Por parte de Ciudadanos, PSC y PP, que no han pedido la comisión pero han votado finalmente a favor de la misma, Marina Bravo (Cs) ha pedido reformar el modelo energético español y Jordi Terrades (PSC) ha recordado que en el momento de decidirse el proyecto en España "se dependía mucho del gas" y había la necesidad de buscar sitios donde almacenarlo.

Desde el PP, Santi Rodríguez ha destacado la "complejidad" del proyecto y la falta de conocimientos técnicos por parte de los grupos políticos para investigar el asunto, aunque ha secundado que se cree la comisión "por respeto a todas las personas que sufrieron los movimientos sísmicos".

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