El juzgado para la construcción de una urbanización de 150 viviendas en Ávila

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ávila ha paralizado la construcción de un complejo urbanístico que incluía 150 viviendas, albergues y una iglesia en suelo rústico de protección natural, dentro del municipio abulense de Burgohondo (1.200 habitantes).

Dicho juzgado se ha pronunciado a raíz del recurso que Ecologistas en Acción interpuso, solicitando la "suspensión cautelar" de las obras, después de que la Junta concediera el pasado 3 de julio la autorización de "uso excepcional para construir en suelo rústico de protección natural" de este complejo residencial.

Según ha informado este jueves en nota de prensa Ecologistas en Acción, este complejo para uso "turístico-religioso" ocuparía una superficie de 14.843 metros cuadrados construidos y tendría capacidad para alojar a "más de 500 personas", lo que es "equiparable a un conjunto de 150 viviendas".

"Estamos ante un fraude de ley, ya que el suelo rústico protegido se transforma en suelo "urbano" sin mediar el planeamiento urbanístico", ha argumentado Javier Perandones, representante de Ecologistas en Acción Ávila.

Tras señalar que su dimensión sería "superior a la de muchos de los núcleos urbanos de la provincia", la organización ecologista ha argumentado que la autorización concedida "había seguido el procedimiento habitual para autorizar la construcción de viviendas aisladas, que son un uso generalmente prohibido en suelo no urbano".

Sin embargo, Ecologistas en Acción ha precisado que en este caso se trata de "un proyecto con entidad mayor a la de muchas urbanizaciones e incluso, de una gran parte de los pueblos de la provincia de Ávila", de ahí la decisión de interponer este recurso que solicitaba, además, la suspensión cautelar de las obras.

Desde su punto de vista, "cualquier proyecto de esta envergadura debe someterse a un planeamiento urbanístico que trate de evitar desórdenes urbanísticos y garantice que el promotor concede el suelo necesario para usos sociales como las calles, los centros de salud o los colegios".

Para esta organización, en el proyecto "no se justifica por qué ha de construirse en suelo protegido", por lo que el uso turístico-religioso "podría realizarse en el pueblo, con una mayor repercusión económica para Burgohondo y menos impacto ambiental".

Según Ecologistas en Acción, este proyecto tendría "graves e inasumibles consecuencias para la población de Burgohondo", como "un aumento de la demanda de agua potable de hasta un 50 por ciento, ya que el autoabastecimiento del complejo no está contemplado en el proyecto".

Asimismo, ha recordado que este municipio al sur de la capital tendrá que afrontar "pronto" la depuración de sus aguas y, si existiera este complejo, "dimensionar" el proyecto para una población mucho mayor, lo que podría generar gastos mucho mayores".

Esta organización ecologista considera que "el uso pretendido, interesa exclusivamente al colectivo representado por la entidad promotora y es de naturaleza privada, no público".

"Esos intereses privados, aunque legítimos, no son compartidos por amplios sectores de la sociedad", ha argumentado Ecologistas en Acción, que ha celebrado "enormemente" la decisión judicial.

El auto indica que la construcción de este complejo "no responde un interés social general, sino a la de la asociación que lo promueve".EFE

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