El Impuesto sobre servicios digitales, a debate en Europa

Madrid, 6 nov (EFE)- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) debaten hoy sobre la aplicación de la tasa a los gigantes digitales, una medida que genera las reticencias de Estados Unidos y algunas tecnológicas europeas.

El impuesto sobre las transacciones digitales a las grandes multinacionales tecnológicas, como Google, Amazon, Facebook o Apple, está concebido con el objetivo de que paguen impuestos en los países donde están generando beneficios.

Conocida como "tasa Google", no debe confundirse con el canon por enlazar contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, también denominado de esa manera, ya que este impuesto gravará la intermediación en línea y la comercialización de datos facilitados por los clientes.

En realidad habría que hablar más de la "tasa Amazon" ya que la empresa de Jeff Bezos, líder del mercado de las compras electrónicas, será la más afectada.

Estas multinacionales han sido acusadas de tener su base en Irlanda y Luxemburgo para evitar el pago de tributos en otros países. Se estima que el 40 % de sus beneficios son trasladados artificialmente a estos territorios.

La arquitectura legal del nuevo gravamen está muy avanzada en Europa. La Comisión Europea debate introducirlo sobre la facturación de las grandes empresas digitales cuya recaudación sirva para compensar las sumas que estarían dejando de pagar al fisco en impuesto de sociedades.

Para limitar la estrategia de estas compañías, que localizan de forma ficticia sus operaciones en territorios donde el impuesto de sociedades es bajo, en marzo de 2018 las autoridades europeas propusieron un borrador de directiva para que tributen con un recargo en torno al 3 % de los beneficios por sus ventas en cada Estado comunitario.

Esta medida provisional, que prevé una recaudación próxima a los 5.000 millones de euros adicionales, afectaría a aquellas compañías que facturasen más de 750 millones de euros anuales (y más de 50 millones en Europa) y que contasen con más de 100.000 usuarios.

Esta teórica nueva fiscalidad para la economía digital a nivel comunitario, liderada en Bruselas por Pierre Moscovici, cuenta con el rechazo de una decena de países, entre ellos Irlanda, Luxemburgo y Malta, que temen que les haga menos atractivos para inversores procedentes del extranjero.

Respecto a España, el Consejo de Ministros aprobó el 19 de octubre de 2018 el anteproyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales, pendiente de aprobación en el Parlamento.

El Gobierno prevé recaudar 1.200 millones de euros en 2019 con un gravamen del 3 % que se aplicará a las multinacionales tecnológicas que facturen 3 millones de euros en España, y 750 millones en el resto del mundo para garantizar que no afecte a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Este tributo, que grava exclusivamente la parte de los ingresos que se corresponden con usuarios situados en territorio español, se aplicará a los ingresos por publicidad en línea, los del servicio de intermediación en línea y los de la venta de datos generados a partir de información proporcionada por los clientes.

Hacienda pretende proteger al comercio tradicional, que está en inferioridad de condiciones respecto a las multinacionales de la denominada economía digital, que se benefician de las ventas 'online'.

España se convertiría, de aprobarse, en el primer país de la UE que pone en marcha este impuesto, en línea con el propuesto por la CE.

Las tecnológicas se oponen lógicamente a esta medida por considerarla discriminatoria y esgrimen que al aplicarse a los ingresos no tendrían en cuenta los márgenes de beneficio.

Pero hay multinacionales que sí aprueban la tasa, como Telefónica, cuyo presidente, José María Alvarez-Pallete, duda que algunas compañías estén tributando en relación a los beneficios que generan en España.

Los cuatro gigantes tecnológicos de Estados Unidos (Google, Apple, Amazon y Facebook) apenas han tributado hasta ahora en España.

De acuerdo con las últimas cuentas anuales del Registro Mercantil, la Agencia Tributaria recaudó en el ejercicio fiscal de 2016 tan solo 26,8 millones en concepto de Impuesto de Sociedades.

La tasa a los servicios digitales ya había sido ideada e incluida por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en los presupuestos generales de 2018 para contribuir a la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Con el cambio de Ejecutivo, la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recuperó el proyecto de su antecesor en julio, para que la fiscalidad de las tecnológicas contribuyan en mayor medida a la redistribución de la renta.