El Gobierno relaja la norma para evitar la privatización de Kutxabank

El Ministerio de Economía ampliará el plazo que hasta ahora pedía a las fundaciones de las antiguas cajas de ahorros que controlan bancos como Kuxtabank para que puedan cumplir con holgura sus compromisos financieros y no se vean obligados a privatizar la entidad, como exige la ley.

El departamento que dirige Luis de Guindos tiene preparado un real decreto con el que extenderá el periodo para que esas fundaciones puedan dotar el fondo de reserva que están obligadas a constituir hasta 2022, lo que supone una extensión de dos años con respecto al límite fijado inicialmente para 2020. El texto, que se encuentra en audiencia pública, pasará después por el Consejo de Estado para ser aprobado en Consejo de Ministros en un mes.

La nueva norma, a la que ha tenido acceso este diario, modifica la aprobada en octubre de 2015 «para dar la oportunidad de flexibilizar» las exigencias, a tenor de la mejoría que ha experimentado la economía y el propio sector financiero, según expone el decreto. Pero, en realidad, este cambio deja entrever un guiño del Gobierno al PNV ante la negociación de los presupuestos generales del Estado. Para los nacionalistas vascos, se trata de una de las cuestiones más espinosas que debe afrontar en el sector bancario ante las reticencias políticas y sociales a que Kutxabank acabe como otras cajas convertidas en bancos privados, como ha ocurrido, por ejemplo, con Liberbank.

La medida afecta fundamentalmente a los propietarios de los bancos que quedan en manos de las históricas cajas: Kutxabank, controlado por las fundaciones de BBK, Kutxa y Vital en un 57%, un 32% y un 11%, respectivamente; e indirectamente apunta a Unicaja Banco, donde su fundación tiene un 86,7%; e Ibercaja, en una situación similar. Al habilitar esta opción temporal más laxa, Economía da a estas entidades la posibilidad cumplir holgadamente con los requisitos del Memorandum de Entendimiento de la UE (MoU) tras el rescate financiero. Si no llegasen a tiempo para cumplir con esa obligación, las fundaciones tendrían que deshacer su posición de control en los bancos dejando en manos de otros inversores el accionariado de la entidad. De hecho, en firmas como Kutxabank se ha hecho imposible hasta ahora dotar ese fondo, que supone destinar 235 millones para este fin.

Desde 2015, Economía insta a las fundaciones de las cajas que sean propietarias de más de un 50% de sus bancos a constituir este capital, que se establece como mínimo en el 0,6% de los activos ponderados por riesgo. Esta protección servirá para que las entidades puedan utilizar lo en caso de otra crisis.