El Consejo de Cuentas observa un "escaso cumplimiento" de cláusulas sociales

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha alertado hoy del "escaso cumplimiento" de la normativa dictada por la Junta para incorporar cláusulas sociales en la contratación pública, ya que de forma regular no son incluidas en los pliegos, según el informe correspondiente al ejercicio 2015.

El órgano fiscalizador de las cuentas públicas ha explicado en su informe que la Junta cumple "razonablemente con la legalidad aplicable", aunque establece una serie de excepciones, como la referida a las cláusulas sociales.

En términos cuantitativos, durante 2015 la Junta de Castilla y León adjudicó por estos mecanismos 2.566 contratos -excluidos los de cuantía menor-, por un importe conjunto de 519 millones, de los que para este informe se analizaron 70 contratos por un importe de 137 millones (26% de lo adjudicado).

Sobre el caso de las cláusulas sociales, el Consejo considera que los órganos de contratación realizan un escaso cumplimiento del acuerdo de la Junta de Castilla y León por el que se aprueban directrices vinculantes sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública.

Remarca que estas cláusulas no son introducidas regularmente en los pliegos, ni queda justificado en los expedientes la imposibilidad de hacerlo por la naturaleza del contrato.

El Consejo añade que tampoco se realiza un adecuado seguimiento, en su caso, del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución de naturaleza social.

Además de este incumplimiento, entre las excepciones detalladas por el Consejo de Cuentas destacan otros problemas que afectan al principio de publicidad y de transparencia de los procedimientos establecidos en la normativa de contratos del sector público.

El informe de 2015 desgrana también que la contratación no comunicada por la Administración de la Comunidad al Registro Público de Contratos de Castilla y León ascendió a 121 expedientes por importe de 17 millones de euros, el 3,4 por ciento del importe de la contratación total, según el documento.

Por otra parte, el Consejo se queja de que la Junta no ha habilitado el acceso solicitado a los expedientes de contratación ni al resto de las aplicaciones a través de la plataforma Duero, excepto al fichero de datos del registro público.

"La documentación remitida inicialmente no fue homogénea ni completa, habiéndose proporcionado numerosos documentos en fase de alegaciones", lo que, según el Consejo de Cuentas, "evidencia una falta de integridad de los archivos informáticos y, en menor medida, de los expedientes en soporte papel".

Sobre el procedimiento de contratación, el Consejo ve un "cumplimiento razonable" del inicio en la tramitación de los procedimientos abiertos, pero ha añadido que "se consideran indebidamente como de gestión de servicios públicos tres contratos que deberían calificarse como de servicios".

Además, en dos contratos de la muestra no se justifica suficientemente su tramitación por el procedimiento de urgencia, y en otros tres expedientes el informe del servicio jurídico alude a deficiencias en el pliego de condiciones administrativas particulares (PCAP), sin que conste su subsanación.

Del análisis de los pliegos de condiciones, el Consejo destaca que en siete expedientes no se concreta con exactitud el plazo de ejecución, en otros cinco contratos no consta la correcta estimación de su importe, en diez de ellos hay ausencia o deficiente acreditación de la solvencia económica o técnica, y en seis no se determinan los criterios de selección para los empresarios extranjeros de Estados miembros de la Unión Europea, entre otros.

En el caso de la ejecución de los contratos, el Consejo destaca que "existen omisiones o defectos" en las revisiones de precios en cuatro expedientes, mientras que en otros dos observa defectos en la facturación o en el régimen de pagos establecido.

Sobre los denominados contratos menores -hasta 50.000 euros para obras y 18.000 euros para suministros o servicios, IVA excluido-, el Consejo ha analizado una muestra de expedientes de la Consejería de Agricultura y Ganadería y del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

El Consejo ha detectado que existe "fraccionamiento del gasto en seis contratos", en concreto para la adquisición de tabletas, impresoras y ordenadores, ya que se aprecia una coincidencia en el objeto de las contrataciones y su importe conjunto elude los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación establecidos normativamente.

"Los citados gastos deberían ser objeto de contratación conjunta, sin perjuicio de la división, en su caso, en los lotes que sean necesarios", ha remarcado el Consejo.

Por otra parte, el informe revela que varias contrataciones -suministro de combustible para vehículos oficiales, gastos de inversión en inmovilizado de carácter inmaterial, gastos de tipo informático y otros para la celebración de eventos- reúnen los requisitos de identidad funcional y superan los umbrales establecidos.

Lo mismo ocurre en relación a la contratación de algunos gastos de inversión en inmovilizado de carácter inmaterial en el Servicio Público de Empleo, donde en estos casos los citados gastos son susceptibles de contratación conjunta.EFE

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