El Cabildo dice que las disposiciones para la desalación están consensuadas

El Consejo Insular de Aguas de Lanzarote (CIAL) ha defendido hoy que las disposiciones en materia de desalación contempladas en el nuevo Plan Hidrológico de la isla no solo no constituyen "ninguna sorpresa, sino que son "una solución consensuada con el Gobierno de Canarias".

En un comunicado, el Cabildo de Lanzarote especifica que estas disposiciones llegan para dar mayor seguridad jurídica al Plan, dada la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) -suspendió parte de las normas transitorias de planificación hidrológica- que, no obstante, ha sido recurrida.

"Una solución que no descarta la posibilidad de permitir las desaladoras privadas si el Consejo lo considerase y previo establecimiento de una serie de cánones, cómo finalmente contempla el Plan Hidrológico, una cuestión que todavía debe ser desarrollada por CIAL y el Consorcio", subraya la nota.

El Cabildo insiste en que la práctica totalidad de desaladoras privadas de autoconsumo en funcionamiento son "hoy igual de ilegales que ayer, entre otras cosas porque muchas de ellas ni siquiera han solicitado la autorización preceptiva", y agrega que la única diferencia es que, una vez establecidos los distintos cánones, "podrían ser susceptibles de autorización".

Aclara, asimismo, que estas disposiciones "no tienen nada que ver con la desaladora de Montaña Roja y la venta de agua a terceros", algo que en España, por ley, "corresponde en exclusiva a los ayuntamientos y, en el caso de Lanzarote, al Consorcio Insular, que es el único que puede vender agua a terceros".

Lo que resulta "un disparate administrativo", a juicio del Cabildo, "es la propuesta de Ciudadanos de destinar los cánones a un plan socio-sanitario, porque sería directamente ilegal".

"Esa propuesta solo puede ser fruto de un profundo desconocimiento de qué significa y cuál es el objetivo de todo canon, cómo indica de manera expresa el propio Plan Hidrológico, que deben establecerse de acuerdo al estudio de distribución de costes del modelo de desalación insular", añade.

En esa línea el Cabildo recuerda que los cánones "deben calcularse y destinarse a soportar los costes integrales del servicio y su aplicación sobre la captación los vertidos y los costes ambientales".

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