Ecuador espera tribunal de segunda instancia le dé la razón en caso Chevron

Ecuador espera que un tribunal de apelación de La Haya le dé la razón y corrija la decisión de un tribunal arbitral al declararse competente en un litigio medioambiental que el país mantiene con Chevron, dijo a Efe el Procurador General de Ecuador, Diego García.

La audiencia oral celebrada hoy en el tribunal de apelación es un paso más en el litigio que Ecuador y Chevron mantienen desde 2009 en La Haya, cuando la petrolífera denunció al país andino ante una corte de arbitraje internacional.

"Nosotros esperamos que esto nos permita interrumpir el arbitraje internacional, que nunca debió comenzar", aseguró García.

La Procuraduría General de Ecuador ya intentó en enero de 2016 que el tribunal arbitral se declarara incompetente, alegando que sus laudos entraban en conflicto con el derecho público ecuatoriano y contravenía los principios de separación e independencia de poderes del Estado, pero la corte rechazó todas las alegaciones.

En esta ocasión el país andino ha llevado el caso a un tribunal de apelación donde la Procuraduría General de Ecuador espera que se lleve a cabo "un análisis mejor que el que hizo el tribunal de primera instancia, que prácticamente se basó en lo que decidió un juez de Nueva York y no hizo un análisis propio", indicó García.

El Procurador General de Ecuador destacó que en la audiencia celebrada hoy, que se alargó dos horas más de lo previsto, "los miembros del tribunal estuvieron muy atentos, se lo tomaron en serio".

"Eso es importante porque parte de lo que buscamos es tener magistrados que nos escuchen y atiendan el caso como debe hacer cualquier juez responsable", añadió.

El origen del litigio entre Ecuador y Chevron en La Haya es la multa de 9.500 millones que una corte ecuatoriana de la provincia de Sucumbios impuso a Texaco por los daños medioambientales que la petrolera, adquirida por Chevron en 2001, supuestamente provocó en la zona del Lago Agrio, en la Amazonía, entre 1964 y 1990.

La compañía se negó a pagar la indemnización e inició una ofensiva judicial en los tribunales de varios países para declarar esa sentencia nula por supuesto fraude de ley.

Uno de los argumentos de la petrolera es que la decisión de la corte provincial ecuatoriana violaba el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) que Ecuador y Estados Unidos firmaron en 1995.

García indicó en la audiencia que la compañía no tenía ninguna inversión en Ecuador en el momento en el que el tratado entró en vigor, en 1997, por lo que la supuesta protección que alega ahora la petrolera no sería aplicable.

"Texaco no tenía ya un proyecto en Ecuador, inversión ni dinero en riesgo, por lo que no tenía por qué beneficiarse de una protección que es para inversionistas", explicó el Procurador del Estado.

El segundo argumento alegado por la compañía es que un acuerdo final de reparación ambiental al que llegaron en 1998 el país andino y la petrolera liberaría a esta última de cualquier responsabilidad en los daños medioambientales.

Según García, ese acuerdo significó que el Estado renunciaba a sus posibles demandas, pero no mencionaba los posibles reclamos de otras partes que se vieran perjudicadas por la acción de la petrolera en la Amazonía, por lo que "quedaron por fuera de ese acuerdo que terceros pudieran demandar a la empresa".

De hecho fueron varias comunidades indígenas que habitaban en la zona del Lago Agrio las que impulsaron la denuncia.

Chevron hizo público un comunicado en el que se limitó a recordar que la compañía "está tratando de responsabilizar a Ecuador, a través de un tribunal de arbitraje internacional en La Haya, por su papel en la negación de la Justicia a la empresa".

Recordó que desde que el arbitraje se inició, todas las decisiones del tribunal han sido a su favor, y aseguró que con la audiencia celebrada hoy Ecuador "intenta de nuevo dejar de lado las órdenes del tribunal".

Chevron expresó su confianza en que al final del litigio "Ecuador rinda cuentas por su papel en la demanda fraudulenta contra la compañía".

Está previsto que en los próximos meses el tribunal de apelación dé a conocer su decisión, aunque si una de las partes no está de acuerdo, podría recurrir a una tercera instancia.