Ecologistas piden a la Comisión Europea excluir el biodiésel de palma y soja

Ecologistas de 21 organizaciones han impulsado hoy performances con orangutanes frente a las oficinas de la Comisión Europea (CE) en varias capitales para pedir la exclusión del biodiésel producido con palma o soja.

En Madrid, frente a la oficina de la CE en el Paseo de la Castellana, varios activistas vestidos de negro y con máscaras de orangután ha llamado la atención de los viandantes sobre la destrucción de especies de gran valor, la deforestación y la violación de derechos de poblaciones indígenas y rurales en América Latina y Asia, ha explicado la portavoz de Ecologista en Acción Rosalía Soley.

Soley ha manifestado que el acto de hoy se celebra además en París, Berlín, Roma, Bruselas y Lisboa como parte de la campaña #NoEnMiDepósito (#NotInMyTank), con el objetivo de poner fin a la deforestación de zonas con un gran valor natural y cultural.

La petición a la Comisión Europea está apoyada por más de 500.000 firmas de ciudadanos europeos que apoyan el fin de políticas y subsidios de la Unión Europea para el aceite de palma y que han entregado en la oficina de Madrid, según la portavoz de Ecologistas.

Una encuesta reciente ha revelado que el 82 % de los ciudadanos europeos desconoce que lo que se vende como ?biodiésel verde en Europa? se produce tras la ?deforestación de selvas tropicales en Honduras, Colombia, Ecuador, Indonesia y Malasia?, ha explicado Soley.

?Solo en Honduras, los cultivos de palma abarcan el 8 % de la cobertura?, en un país que tiene 112.492 kilómetros cuadrados, según ha dicho, mientras en Indonesia más de la mitad de su territorio está destinado a este monocultivo.

El 51 % de la producción de aceite de palma que llega a la Unión Europa va destinado al sector del transporte, lo que es un ?sinsentido?, según la activista, porque se está ?destrozando la naturaleza?.

En la campaña participan organizaciones ecologistas de Portugal, Alemania, Reino Unido, Suecia, Noruega, Bélgica, Francia y España y ha tenido una respuesta positiva de la ciudadanía que ha expresado en la misma encuesta que un 69 % estaría dispuesta a rechazar estos usos.

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