Ecologistas lleva a TSJ supresión de licencia ambiental a ganadería intensiva

La organización Ecologistas en Acción ha anunciado su intención de recurrir la normativa que, desde hoy, exime a las explotaciones ganaderas de intensivo de la Comunidad de contar con una licencia ambiental para desarrollar su actividad, en lo que ve como "vuelta de tuerca más hacia la desregulación".

En un comunicado, Ecologistas ha recordado que desde hoy todas las explotaciones ganaderas diferentes de las porcinas con más de 750 cerdas madres ó 2.000 cerdos de cebo y las avícolas con más de 40.000 gallinas ó 55.000 pollos estarán exentas de licencia ambiental en Castilla y León, pudiendo implantarse e iniciar su actividad con una simple comunicación al Ayuntamiento del término municipal en que se ubiquen, sin información pública, informes previos ni audiencia a los vecinos colindantes.

Esta "desregulación" provoca, en opinión de Ecologistas, una desprotección del medio ambiente y de los ciudadanos ante actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

Para esta organización ecologista, esta situación significa que una gran explotación ganadera industrial como la proyectada en el municipio de Noviercas, con unas 20.000 vacas de leche, que conlleva un consumo de agua, unas emisiones de gases de efecto invernadero y una producción de residuos superiores a una ciudad como Soria, podría empezar a funcionar sin información pública.

A otra escala, Ecologistas ha prevenido de que cientos de granjas intensivas de bovino, ovino, porcino o aves podrán ubicarse en los pueblos de Castilla y León sin que sus vecinos lo sepan hasta que las vean y huelan funcionar.

En opinión de Ecologistas en Acción, se trata de un retroceso que lleva a la Comunidad hasta 1961, año en que se aprobó el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP), legislación estatal básica todavía vigente en las Comunidades Autónomas que carecen de normativa propia en materia de actividades clasificadas.

Para esta entidad, "es llamativo que frente a esta regulación básica preconstitucional, la nueva normativa de la Junta de Castilla y León limite la distancia mínima de las instalaciones ganaderas no porcinas a los núcleos de población a por ejemplo 100 metros en el caso de la macrogranja bovina de Noviercas".

Esta "barra libre" va a conllevar "un aumento de la conflictividad social, un incremento de la litigiosidad y en definitiva una mayor inseguridad jurídica para promotores y vecinos", ha resumido el comunicado.

Por otro lado, "la nueva desregulación autonómica" conlleva la modificación por decreto de una ley como la de Prevención Ambiental, sin que sobre la misma hayan tenido la posibilidad de opinar las Cortes de Castilla y León, lo que en opinión de esta organización es una invasión de la competencia legislativa del Parlamento autonómico.

Ante esta situación, Ecologistas ha anunciado que solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la suspensión inmediata del Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades ganaderas en Castilla y León.

En su recurso, la organización ecologista insistirá en la necesidad de restablecer las garantías y controles ciudadanos en materia de protección ambiental, en atención al principio de legalidad, a la protección de la salud y el medio ambiente y a los derechos constitucionales a la información y participación.EFE

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