Demanda contra AENA y concesionaria de seguridad del aeropuerto de Sevilla

La Federación Andaluza de alternativa sindical ha interpuesto una demanda ante los Juzgados de Sevilla contra la empresa ICTS, concesionaria de la prestación del servicio de seguridad del Aeropuerto de San Pablo en Sevilla, y contra la empresa AENA, ha informado en un comunicado.

El motivo es que ambas empresas incumplen las obligaciones económicas pactadas por acuerdo entre el Ministerio de Fomento y la patronal del sector en noviembre de 2017 y fijados en el actual convenio colectivo Estatal de Empresas de seguridad.

Según esta organización sindical del sector de la seguridad privada, AENA está incumpliendo aspectos relativos a la resolución del contrato, ya que los vigilantes de seguridad que prestan servicios en los aeropuertos aún no han recibido en sus nóminas un plus económico recogido en el pliego de condiciones de la licitación de AENA y en el convenio estatal de empresas de seguridad.

Según dicho acuerdo, Aena se compromete a exigir el compromiso del pago de este plus en los pliegos de los contratos de seguridad de su red de aeropuertos con el fin de garantizar que se hace efectivo.

En agosto de 2017 el Consejo de Ministros acordó la creación de un grupo de trabajo, con la participación del Gobierno, para abordar, en el ámbito de la seguridad privada de las infraestructuras de transporte de competencia estatal, aspectos como la formación, la calidad del servicio, las condiciones del trabajo, de la productividad, y las condiciones laborales y salariales.

Fruto de esas reuniones fue el acuerdo de noviembre de 2017 donde se reflejan los nuevos pluses que se reclaman en la demanda y que entraron en vigor a partir del 1 de julio de 2018, a raíz de los últimos pliegos de condiciones de los aeropuerto de la red de AENA, y que la empresa de seguridad ICTS, adjudicataria de la prestación del servicio de Seguridad en San Pablo-Sevilla, "está incumpliendo".

Igualmente, esta federación sindical ha interpuesto una denuncia contra ambas empresas por incumplimientos graves en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dado que los vigilantes carecen de estudios específicos y equipos de protección ante los riesgos inherentes al puesto de trabajo, tales como radiaciones ionizantes producidas por los escáneres.EFE

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