CyL regulará en 3 meses a Uber y Cabify para "evitar conflictos" con taxistas

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha informado hoy de que la Junta presentará en un plazo de no más de tres meses, un decreto para regular los Vehículos de Alquiler con Conductor (VTC), como Uber y Cabify, para "evitar conflictos" con los taxistas.

Después de mantener una reunión con el Consejo Regional de Transportes hoy en Valladolid, el consejero ha detallado a los medios de información que este decreto, que cuenta con un texto "ampliamente aceptado" por este órgano consultivo, perseguirá regular dentro de las competencias autonómicas este sector.

Tal y como ha explicado Suárez-Quiñones, es el Ministerio de Fomento el que ostenta la mayoría de las competencias regulatorias en este aspecto, siendo "residuales" las de la Junta de Castilla y León que, sin embargo, las hará valer en este decreto que tendrá entre su principal fin la "identificación" de estos VTC.

Concretamente, son 340 los vehículos de alquiler con conductor que circulan actualmente por Castilla y León y que, con este decreto, deberán señalizar, tanto en su cristal delantero como en el trasero, su condición de VTC.

Con esta medida, la Junta pretende que los usuarios sepan en todo momento "que se están montando en un vehículo de estas características", al igual que permitirá que se realicen "inspecciones" en los vehículos para garantizar a todos los usuarios que se cumple con las "normas de seguridad debidas".

Asimismo, el consejero ha incidido en que con este decreto la Junta quiere evitar que se produzcan casos de "competencia desleal e intrusismo" que afecten al sector del taxi, pues cada uno "debe tener su nicho", ha reiterado.

Por otro lado, en la reunión mantenida hoy con este Consejo Regional de transporte también ha estado sobre la mesa la futura Ley de Transporte de Castilla y León, en la que la Junta se encuentra "trabajando intensamente" y que presentará en las Cortes una vez que sea presentado el anteproyecto de ley por el Consejo de Gobierno y se hayan redactado los informes del Consejo Consultivo y del Consejo Económico y Social.

Una norma que la Junta está obligada jurídicamente a presentar, pues no es posible prorrogar más las concesiones, y que el consejero hoy ha calificado de "muy relevante", pues atañe a la "forma de moverse de los ciudadanos por la Comunidad" y la manera en que pueden "acceder a los servicios sociales".

Por este motivo, Suárez-Quiñones ha concluido que la intención de la Junta es "modernizar" el sector de transportes y adecuarlo al siglo XXI, con unos mejores parámetros de "seguridad y respeto al medio ambiente", ha sentenciado.

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