Competencia reabre proceso contra lacteas anulado por la Audiencia Nacional

Las autoridades de Competencia han reabierto el proceso contra once empresas y asociaciones del sector lácteo, tras corregir los "defectos de forma" que motivaron que la Audiencia Nacional anulara dicho procedimiento.

Fuentes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han explicado hoy a Efe que ya están notificando la decisión a las entidades afectadas, que podrán presentar alegaciones.

Posteriormente, la llamada "propuesta de resolución" llegará al Consejo de la CNMC, órgano encargado de aprobar la resolución y donde se incluye -si procede- la sanción correspondiente.

Según figura en los registros de Competencia, el expediente arrancó en 2011 con la llegada de documentación referida a la fijación del precio de leche cruda de vaca en Castilla y León y Galicia.

En 2012, se realizaron inspecciones en las sedes de estas compañías y comenzó un "procedimiento sancionador" que se amplió en abril de 2014; y que en 2015 derivó en una resolución que proponía una multa superior a los 88 millones de euros.

La Audiencia Nacional aceptó en parte los recursos que presentaron las empresas afectadas y, sin entrar a valorar el fondo del asunto, ordenó retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior a abril de 2014, cuando Competencia reabrió la instrucción del expediente.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 21 de diciembre un "anuncio de notificación" en el que Competencia comunicaba al Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña la reapertura de este procedimiento sancionador.

Por cuantía de la multa, las empresas sancionadas eran Danone (23,2 millones de euros), Capsa (21,8 millones), Lactalis Iberia (11,6 millones), Nestlé España (10,6 millones); Puleva Food (con 10,2 millones) y Calidad Pascual (8,5 millones).

De lejos le seguían Senoble (929.000 euros), Central Lechera Asturiana (698.000 euros) y Celega (53.000 euros).

La lista la completan la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga) y el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), con una multa de 200.000 y 100.000 euros, respectivamente.