CGT y CiG llaman a una nueva huelga de teleoperadores sin CCOO ni UGT

Los 100.000 teleoperadores que prestan los servicios de atención telefónica al cliente en España están llamados mañana, jueves, a secundar una huelga de 24 horas en protesta por las "precarias" condiciones laborales del sector, que ha sido convocada sólo por los sindicatos CGT y CiG.

Los sindicatos denuncian los bajos salarios del sector -de media no llegan a 700 euros-, el excesivo número de contratos a tiempo parcial, jornadas de hasta once días de trabajo seguidos sin descanso o la presencia activa en el puesto de trabajo durante once horas seguidas.

La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación Intersindical Gallega (CiG) son dos de los cuatros sindicatos que tienen presencia en la mesa de negociación del sector junto a CCOO y UGT, que está vez no se han sumado a la convocatoria.

Los sindicatos están en pleno proceso de negociación del nuevo convenio colectivo del sector, aunque por ahora no se ha alcanzado ningún tipo de acuerdo en las reuniones que sindicatos y patronal han mantenido durante el último trimestre de 2016 y en el pasado mes de enero.

El secretario general de Telemarketing de CGT, Santiago Alonso, ha explicado a Efe que su sindicato tiene presencia mayoritaria en los servicios de atención telefónica al cliente de las grandes compañías.

CGT ha previsto diversas manifestaciones por toda España, entre las que destacará la convocada mañana a las 13 horas frente a la sede de la Asociación Española de Contact Center (ACE) -patronal del sector- en Barcelona y la protesta de las 18:30 horas frente a la sede de Konecta -la principal empresa del sector- en Madrid.

La huelga reedita los paros de 24 horas que el sector secundó los pasados días 6 de octubre, 28 de noviembre y 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de diciembre, con seguimientos de entre el 60 % y el 70 %, según los sindicatos.

El sector emplea a una media de 85.000 personas en España, de las que 30.000 están subcontratadas por las compañías telefónicas, 10.000 por bancos, 3.500 por compañías aseguradoras, 3.500 por comercializadoras y 4.000 por las Administraciones Públicas.