Así como suena: invertir en grados universitarios

Para pagar la universidad, Amy Wroblewski vendió una parte de su futuro. Cada mes, durante ocho años y medio, deberá entregar un porcentaje fijo de su sueldo a los inversores. Hoy, aproximadamente un año después de su graduación, Wroblewski gana 50.000 dólares al año como reclutadora en centros de educación superior en Winchester, Virginia. Así pues, dispone de 279 dólares menos todos los meses, a los que hay que restar también el préstamo de su coche. Si la joven de 23 años se convirtiera en una referencia en su área, podría llegar a tener que pagar el doble. Sin embargo, si pierde su empleo, no tendrá que pagar nada, y los inversores no estarán de suerte hasta que encuentre un nuevo puesto de trabajo.

Wroblewski llegó a este acuerdo tan inusual cuando era estudiante en la Universidad de Purdue, un centro público situado en West Lafayette, Indiana. Para financiar parte de los gastos de su grado en estrategia y gestión organizacional, prescindió de la fuente de financiación más habitual, un préstamo estudiantil. En cambio, aceptó entregar parte de sus ingresos futuros a través de un nuevo tipo de instrumento financiero llamado income-share agreement (acuerdo de distribución de ingresos o ISA, por sus siglas en inglés). De cierta manera, quienes ofrecen dicha financiación ven a los deudores, que son estudiantes, como una inversión en acciones, con un riesgo muy similar e, idealmente, una rentabilidad idéntica. 

En términos de Wall Street, Wroblewski, graduada universitaria de primera generación, es una acción de una empresa más pequeña que Microsoft Corp. Su madre es camarera y su padre trabaja como inspector de control de calidad en un taller de carrocería de un concesionario de coches. Gracias a una sólida ética del trabajo, Wroblewski logró siempre compaginar al menos dos trabajos a tiempo parcial mientras estudiaba. Trabajó como profesora auxiliar en Purdue, como cajera de los grandes almacenes Target y de forma temporal para Amazon. Su capacidad de liderazgo, más allá de sus ingresos, la llevaron a convertirse en vicepresidenta de Delta Sigma Pi, una fraternidad empresarial.

Todas estas cualidades llamaron la atención de una compañía llamada Vemo Education Inc. que sigue la pista de estudiantes de Purdue y de algunos otros centros académicos en nombre de posibles inversores. Quizá sea aún más importante el hecho de que Wroblewski siempre creyó en sí misma y en su capacidad para cumplir con el contrato. «A pesar de que tengo otros préstamos, sabía que podía funcionar», comenta. Los estadounidenses tienen una deuda de 1,5 billones de dólares con la educación superior, una carga que pesa sobre los sueños de muchos y sobre la economía de Estados Unidos. En opinión de la Reserva Federal, los millennial, o generación Y, tienen menos probabilidades de llegar a comprar una casa que quienes eran jóvenes en 2005, e incluso hay personas de la tercera edad que todavía están pagando préstamos estudiantiles. Wall Street entiende la crisis como una oportunidad. A lo largo de su vida, los graduados universitarios ganan de media 1 millón de dólares más que los que no tienen un título. Los inversores podrían hacerse con una parte de esa prima salarial.

La educación, una nueva renta variable

«En los próximos cinco años, imagino todo un nuevo mercado de renta variable basado en la educación superior donde hoy solo hay deuda y más deuda», comenta Chuck Trafton, que dirige el fondo de cobertura Flow Point Capital Partners, que ha invertido en algunos ISA, incluyendo el de Purdue. Los expertos en los ISA dicen que han recibido llamadas de algunos de los gestores de inversiones más importantes del mundo que están planteándose invertir en este tipo de acuerdos. Tony James, vicepresidente ejecutivo del gestor de fondos Blackstone Group LP, fundó el Education Finance Institute para contribuir al estudio de los centros académicos y desarrollar los ISA.

Por el momento, el mercado de los acuerdos de distribución de ingresos puede medirse en decenas de millones de dólares, una suma minúscula en comparación con los 170.000 millones de dólares en valores respaldados por activos en circulación creados a partir de préstamos a estudiantes. Solo algunos centros permiten que compañías de inversión externas se hagan con una participación en estudiantes. Otros buscan donaciones particulares, en su mayoría antiguos alumnos adinerados, o recurren a fondos de sus propias dotaciones.

Además de Purdue, que lanzó su programa en 2016, otros centros privados más pequeños, como Lackawanna College en Scranton (Pensilvania) y Norwich University, situada en Vermont, ofrecen los ISA. La Universidad de Utah ha anunciado hace poco un plan piloto. Los ISA dan lugar a todo tipo de preguntas: ¿Cuántos estudiantes perderán sus puestos de trabajo y no podrán hacer frente a los pagos? ¿Qué cuantía debería exigir Wall Street como compensación por el riesgo?

Por lo general, los inversores piden menos a aquellos estudiantes con especializaciones más lucrativas. En Purdue, a modo de ejemplo, quienes estudien inglés como carrera universitaria y soliciten un préstamo de 10.000 dólares pagarán el 4,52 por ciento de sus ingresos futuros en casi 10 años mientras que los ingenieros químicos pagarán el 2,57 por ciento en poco más de siete años.

Purdue lanzó su programa para competir con los préstamos típicos a estudiantes. Pensemos en una estudiante de economía que necesita 10.000 dólares. A través de un préstamo privado, pagaría probablemente unos 146 dólares al mes, es decir, 17.576 dólares en 10 años. Mediante un ISA, un estudiante con un salario inicial de 47.000 dólares, que es la estimación que hace Purdue para sus graduados en economía en 2020, pagaría un total de 15.673 dólares, teniendo en cuenta subidas salariales anuales del 3,8 por ciento. Es un buen trato. Pero, en caso de que encuentre un trabajo de 60.000 dólares al año, tendría que pagar más de 20.010 dólares.

Las compañías financieras y las universidades con fines de lucro han sabido sacar partido a la ingenuidad en temas económicos de los estudiantes universitarios a la hora de venderles préstamos estudiantiles privados con costes muy elevados en lugar de orientarlos hacia otras opciones más favorables con respaldo estatal. Si bien los centros que ofrecen los ISA aseguran que únicamente plantearán este tipo de acuerdo una vez agotados los préstamos estatales con condiciones más favorables, puede que algunos estudiantes terminen también arrepintiéndose.

Una apuesta con riesgo

«Hay un grado de entusiasmo exagerado», comenta Julie Margetta Morgan, estudiante de educación superior en el Roosevelt Institute, un centro de investigación dedicado a reducir la desigualdad salarial. «Es prácticamente imposible determinar si un ISA es mejor o peor opción para alguien». A Morgan no le gusta que los ISA prevean el arbitraje, lo que supone que los estudiantes renuncian a su derecho a demandar ante los tribunales.

El último gran experimento con los ISA, en Yale en los años 70, terminó siendo una historia aleccionadora. La universidad agrupó a todos sus prestatarios, que adeudaron al centro un porcentaje de sus ingresos durante 35 años o hasta que todos lograron pagar su deuda. La idea era que aquellos graduados que tuvieran puestos de trabajo en el sector financiero bien retribuidos subvencionasen a quienes optasen por el sector público.

Muchos estudiantes no cumplieron con su parte y dejaron a otros expuestos mucho más tiempo del que habían previsto. Algunos estudiantes, los más ricos, salieron del grupo mediante grandes pagos únicos. El resto de los estudiantes tenían por lo general ingresos más bajos. Algunos dejaron de pagar. Al final, Yale rescató a quienes todavía debían dinero, dando por terminado el programa en 2001.

Juan León, que vende aviones corporativos para Dassault Aviation, se graduó de Yale en 1974 en estudios urbanos. Obtuvo un préstamo de 1.500 dólares a través de la Opción de Aplazamiento de Matrícula de la universidad. A finales de los 90, había devuelto 8.000 dólares. «No leímos la letra pequeña», comenta Leon. «Resultó bastante caro».

Los planes más nuevos ofrecen a los estudiantes una mayor protección. Purdue, por ejemplo, limita los pagos totales a 2,5 veces el importe que el estudiante haya pedido prestado, de modo que aquellos que tengan un desarrollo más exitoso no se sientan estafados. Por su parte, los estudiantes que ganen menos de 20.000 dólares al año no tendrán que pagar nada, siempre y cuando estén trabajando a tiempo completo o estén buscando trabajo. Aquellos que trabajan a tiempo parcial o que no busquen trabajo podrán diferir los pagos, lo que supone que tendrán que pagar durante más tiempo.

Purdue ha suscrito más de 700 contratos por valor de 9,5 millones de dólares y ha cerrado dos fondos de inversión por un total de 17 millones de dólares. David Cooper, director de inversiones de Purdue, ayudó a desarrollar el programa y lo presentó a los inversores tras casi una década dedicado a la supervisión de las inversiones del sistema de pensiones de Indiana. Comenta que los fondos atraen ahora más interés que los contratos más antiguos ya que se dispone de más de 20 meses de datos sobre amortizaciones. «Tenemos la sensación de que los precios para los estudiantes se han situado en un punto bastante favorable», afirma Cooper. «A su vez, la rentabilidad para los inversores es adecuada».

Los primeros fondos de Purdue atrajeron inversiones de personas adineradas así como de la red educativa sin ánimo de lucro Strada y de Invest Ed, una organización de préstamos sin ánimo de lucro y de formación financiera de Indiana. Cooper añade que los ISA pueden tener más sentido para aquellos inversores con conciencia social, pero apunta a que incluso los fondos que buscan beneficios elevados podrían estar algún día interesados en caso de que puedan obtener rentabilidad con apalancamiento.
Charlotte Hebert, de 23 años y graduada en Purdue en 2017, tiene sentimientos encontrados respecto a los 27.000 dólares que obtuvo de un ISA para pagar los gastos de su último año de estudios. Como escritora profesional, tiene que desembolsar el 10 por ciento de sus ingresos mientras dure el acuerdo, es decir, aproximadamente 2,5 puntos porcentuales más de lo que pagaría un ingeniero. Hija de un profesor y una enfermera, gana unos 38.000 dólares al año como redactora técnica para una empresa de ingeniería de Lafayette, Indiana.

Paga a los inversores 312 dólares al mes. «No creo que estemos ante la solución perfecta», dice Hebert. «Soy de la opinión de que en una sociedad en la que la mayoría de sus trabajadores necesitan una formación universitaria, nadie debería pagar tanto para ser considerado un miembro funcional de la misma».