Anfabra asegura que impuesto a bebidas azucaradas apenas ha tenido incidencia

La patronal de las bebidas refrescantes, Anfabra, ha asegurado hoy que el impuesto catalán a las bebidas azucaradas apenas ha tenido incidencia sobre el consumo de estas bebidas y sobre la facturación, aunque esta asociación prevé acudir a los tribunales al verlo discriminatorio.

En un encuentro con periodistas con motivo del salón Alimentaria, el presidente de Anfabra, John Rigau, y el director general de esta asociación, Josep Puxeu, han salido así al paso de un estudio reciente elaborado por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y la Universidad de Barcelona (UB).

Dicho estudio, elaborado a partir de datos de la cadena Bon Preu, aseguraba que el consumo de bebidas azucaradas había caído un 22 % en Cataluña desde que entró en vigor dicho impuesto.

Citando datos de la consultora Global Data, Puxeu ha asegurado que el sector facturó 4.600 millones de euros en 2017, un 0,3 % más que en 2016, y que la producción se incrementó en ese mismo porcentaje, hasta los 4.400 millones de litros.

A preguntas de los periodistas, ha asegurado que el consumo de bebidas azucaradas cayó levemente, pero que esa caída se vio compensada por un aumento del 4 % de las bebidas light, por lo que el balance global fue de mantenimiento.

Puxeu ha afirmado que el descenso en el consumo de bebidas azucaradas en toda España es consecuencia de la propia dinámica del mercado y no atribuible al impuesto catalán.

Según este directivo, el impuesto catalán solo ha hecho que algunas grandes cadenas de distribución potenciaran los refrescos sin azúcar de sus marcas blancas para paliar la subida en precio de los refrescos azucarados.

En cualquier caso, Anfabra continúa estando en contra de este tributo, y en colaboración con la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) está preparando un recurso contencioso-administrativo.

Rigau ha asegurado que sería la FIAB, a la que pertenece Anfabra, la encargada de presentar dicho recurso en solidaridad con los fabricantes de bebidas refrescantes.

La Generalitat empezó a aplicar este impuesto en mayo de 2017, tras una oleada de quejas del sector, que alegó que no era posible adaptar tan rápido sus sistemas internos para rendir cuentas por este nuevo tributo.

El impuesto grava el consumo de bebidas azucaradas envasadas, es decir, aquellas que contienen edulcorantes calóricos añadidos, como el azúcar, la miel, la fructosa o la sacarosa, entre otros.

Así pues, en la práctica, el impuesto afecta a refrescos o sodas, bebidas de néctar de frutas y zumos de frutas, bebidas deportivas, aguas con sabores o bien a bebidas energéticas, aunque quedan exentos por ejemplo los yogures bebibles o las leches que no contengan edulcorantes.

El impuesto grava con 0,08 euros por litro las bebidas con un contenido de azúcar de entre 5 y 8 gramos por 100 mililitros, y con 0,12 euros por litro a las bebidas con un contenido de azúcar superior a los 8 gramos.

Rigau ha asegurado que el sector se opone al impuesto porque es discriminatorio respecto a otros productos con azúcar, y ha lamentado que se "demonice" al sector de las bebidas refrescantes cuando solo suponen el 2 % del total de la ingesta de calorías.

Entre los argumentos legales para oponerse al tributo, esta patronal también argumenta que su puesta en marcha supone la ruptura del mercado único en España en cuestiones como en la distribución, ya que solo está vigente en Cataluña.

Puxeu ha subrayado que si se constituyera un nuevo Govern en Cataluña, le gustaría hablar con los responsables del ejecutivo catalán sobre cómo implantar "medidas en positivo" que fomenten hábitos de vida saludables, pero sin estigmatizar al sector de las bebidas refrescantes.

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