Amenazan con paros gasolineras si no responden a cumplir ley en desatendidas

Los sindicatos UGT y CC.OO y la patronal de las gasolineras AVECAL han anunciado hoy protestas y posibles paros en estaciones de servicio en Castilla y León, si la Junta no les contesta en breve acerca del cumplimiento de la norma que regula la inexistencia de estaciones desatendidas, sin personal.

"Si en breve espacio de tiempo no hay respuesta, nos plantearemos desde los sindicatos movilizaciones que podrían derivar en paros en las estaciones de servicio de Castilla y León", ha adelantado hoy en rueda de prensa el secretario general de CC.OO de Industria de Castilla y León, Gonzalo Andrés Díez.

Los líderes regionales de UGT y CC.OO., Faustino Temprano y Ángel Hernández, respectivamente, y el presidente de CECALE, Santiago Aparicio, han acudido hoy a una rueda de prensa en la que Andrés ha anunciado la posible convocatoria de protestas.

También han estado presentes en la comparecencia ante los medios el secretario general de FICA-UGT en la Comunidad, Miguel Ángel Gutiérrez, y el vicepresidente-portavoz de la agrupación de vendedores de carburantes al pormenor (AVECAL), Rafael Pizarro, quien ha asegurado que también apoyará las movilizaciones si no reciben respuesta a sus demandas.

En la Comunidad castellanoleonesa existen en la actualidad más de 800 estaciones de servicio en Castilla y León a las que se suman 150 instalaciones desatendidas, ha explicado Pizarro, quien ha aclarado que las sanciones al incumplimiento de la norma vigente oscila en el caso de las graves entre 3.000 y 15.000 euros en la primera infracción, y 15.000 y 600.000 euros en segunda infracción.

Gonzalo Andrés Díez ha especificado que la legislación que ahora regula la situación de las gasolineras en la Comunidad se aprobó el 5 de octubre y se publicó el día 14 del mimo mes, una normativa que establece la obligación de que al menos una persona atienda al público mientras permanezca abierta cada estación de servicio y que esa persona además esté "debidamente formada".

La regulación nació con la vista puesta en la atención a las personas con discapacidad y, ya pasado el periodo de adaptación de las instalaciones, deberían estar todas conforme a lo fijado en la ley.

Ha recordado una reunión celebrada el pasado febrero con la Dirección General de Consumo de Castilla y León para hacer valer los derechos de los consumidores y plantear la necesidad de emprender campañas destinadas a hacer cumplir la ley.

Andrés ha precisado que además el 9 de marzo enviaron cartas a las Delegaciones Territoriales de la Junta en las nueve provincias, unas fechas en las que ya detectaron la ausencia de cumplimiento de la norma, y ha informado de que el pasado 23 de marzo remitieron otro escrito al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, para plantear cómo se encuentra la situación.

"De momento no hemos recibido contestación", ha dicho el representante de CC.OO, quien ha reclamado a la administración que vele por el cumplimiento de lo que se aprueba en el Parlamento autonómico y en concreto en este caso que todas las estaciones estén atendidas por una persona debidamente formada, ya que se trata de suministrar gasolina o gasóleo, combustible.

"Se juega en un escenario en el que salimos perjudicados todos", ya que alguien debe garantizar que no se fume al ir a repostar, ni se enciendan cerillas, ni se hable por el móvil, ni se eche combustible con las luces del vehículo encendidas, entre otros factores.

"Hasta aquí hemos llegado", ya ha pasado tiempo suficiente para la adaptación de estas instalaciones y "seguimos presenciando que hay estaciones de servicio en las que no hay nadie atendiendo", ha sentenciado Díez.

Rafael Pizarro ha llamado la atención acerca de que las gasolineras más baratas "no suelen ser las desatendidas", ha considerado que quienes las regentan son "inversionistas, no empresarios", si compran una máquina o instalaciones y no generan empleo, y ha adelantado que acudirán donde sea necesario, en el ámbito administrativo o a la justicia ordinaria, para que se cumpla la ley.

Ha citado datos del Instituto Nacional de Estadística que reflejan cómo en 2015, en España, se perdieron seiscientos puestos de trabajo a la vez que se abrieron 235 instalaciones desatendidas y, en 2016, 2.100 empleos. En total 2.700 puestos de trabajo perdidos en dos años, ha concretado Pizarro.

En la actualidad, en Castilla y León existen entre 2.500 y 2.600 trabajadores en puestos directos y estables en este sector.

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