Alcalá ve "inaceptable" que Comunidad se niegue a abonar ayudas de ascensores

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha calificado de "inaceptable" la negativa de la Comunidad de Madrid a abonar las subvenciones prometidas para la instalación de ascensores en varias comunidades de propietarios de viviendas antiguas en la localidad.

El Gobierno local, formado por PSOE, Somos Alcalá e IU, ha criticado al consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Pedro Rollán, por las declaraciones que realizó ayer sobre el tema en la Asamblea de Madrid.

Según ha señalado el Ejecutivo municipal en una nota, Rollán hizo ayer un ejercicio de "trilerismo político" al contestar con "excusas" a la interpelación realizada por el diputado Marco Candela, del grupo parlamentario de Podemos, sobre las citadas subvenciones.

Al contrario de lo sostenido por Rollán, el Gobierno local asegura que el motivo del impago de las ayudas, cuyo importe asciende a 470.000 euros, no es que el Ayuntamiento no ha entregado la documentación requerida por el Ejecutivo madrileño.

Dicha explicación, según la concejal de Vivienda, Olga García, responde a "maniobras dilatorias" desde departamento de Rollán, al haber requerido en los últimos meses al Consistorio nueva documentación que justifique las inversiones realizadas.

"El Gobierno regional es el causante de los impagos, que tanto sufrimiento han generado en las familias afectadas, y tiene que solucionarlo: ya no valen excusas", ha señalado el alcalde, Javier Rodríguez (PSOE).

Un centenar de vecinos de los barrios de Puerta de Madrid y Reyes Católicos, que adelantaron en su día el dinero de las obras de los ascensores, están a la espera de recibir las subvenciones.

Los afectados superan en su mayoría los 65 años o sufren de movilidad reducida y consideraron una oportunidad acometer los trabajos acogiéndose a las subvenciones, programadas en un convenio regional del periodo 2001-2004.

Las ayudas ofrecían la financiación de hasta un 60 % del importe de las obras por parte de las administraciones local y estatal, mientras que los vecinos deberían afrontar el coste del 40 % restante.

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