Admiten recurso contra el embargo a parcelas de víctimas 'Dioni Almensilla'
El Juzgado de Primera Instancia número 18 de Sevilla ha admitido a trámite el recurso presentado por los vecinos del[…]
El Juzgado de Primera Instancia número 18 de Sevilla ha admitido a trámite el recurso presentado por los vecinos del conocido como Sector F de Almensilla (Sevilla), tras el embargo de varias parcelas y ser perjudicados por la presunta estafa de Julio Mateos Palacios, el "Dioni" de Almensilla.
Según el recurso presentado por los afectados, al que ha tenido acceso Efe, los propietarios se muestran en desacuerdo con la ejecución provisional de la sentencia, que condenaba a la junta de compensación formada por los vecinos a abonar casi 2,3 millones de euros a la constructora Istem SL, que al no ser abonados provocaron el embargo de 200 de las 600 viviendas de la urbanización.
El decreto fue emitido el pasado 24 de febrero, tras sufrir los propietarios de las parcelas y viviendas el desfalco de unos 3,7 millones de euros, que iba a ser destinado a la urbanización de las parcelas e instalar alumbrado público y redes de suministro.
La constructora reclamó a los vecinos la cantidad de 2.391.063,08 euros, a la que estos no se podían enfrentar, en una urbanización que ocupa más superficie que el casco urbano de Almensilla.
Los hechos se remontan a enero de 2006, cuando el "Dioni" de Almensilla estaba al cargo de la junta de compensación urbanística y figuraba como autorizado en sus cuentas, y presuntamente, hasta mayo de 2015, se fue apropiando de cuantiosas sumas de dinero, llegando incluso a reconocer en un correo remitido al secretario-presidente de la citada junta que se había quedado con 2,5 millones de euros recaudados para pagar a una entidad bancaria.
La sentencia ahora recurrida por los afectados se basa en un impago a dicha empresa, "que se produce en el momento en que nuestro arquitecto no firma la última certificación de obra por presentar deficiencias, e Istem, en lugar de hacer las reparaciones decide abandonar la obra y denunciarnos, pero nosotros no podíamos pagarle una certificación si no estaba firmada por el arquitecto", según señalan los afectados.
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