14.000 Vecinos presentan alegaciones a la minería de tierras raras en C. Real

La Plataforma Sí a la Tierra Viva ha registrado, en las oficinas de la Junta de Castilla-La Mancha, 14.000 alegaciones[…]

La Plataforma Sí a la Tierra Viva ha registrado, en las oficinas de la Junta de Castilla-La Mancha, 14.000 alegaciones firmadas por vecinos a los proyectos "Matamulas" y "Rematamulas 1 y 2" que Quantum Minería pretende llevar a cabo en el Campo de Montiel (Ciudad Real).

A estas alegaciones se sumarán las presentadas directamente o a través de otros colectivos sociales, ha puntualizado la plataforma, que ha destacado que la cifra final superará las expectativas previstas, lo que evidencia el "creciente rechazo social" a los proyectos de la compañía minera.

De las 7.500 alegaciones al documento inicial presentado por Quantum Minería en noviembre de 2015, recogidas durante de 11 meses, se unen las efectuadas ahora al estudio de impacto ambiental en exposición pública desde el pasado 10 de abril.

La preocupación en relación al agua y el medio ambiente, así como la sensibilidad de la ciudadanía a los efectos negativos sobre la salud pública y la economía comarcal, han motivado la firma masiva de alegaciones, según la misma fuente.

Para 'Sí a la Tierra Viva', la oposición de los vecinos a unos proyectos extractivos "que no gozan de garantía de sostenibilidad" evidencia "el empeño de la Junta en continuar con la tramitación de los proyectos de Quantum, incumpliendo dos mandatos de archivo de las Cortes regionales y de la Defensora del Pueblo".

La Plataforma ha subrayado que esta actitud contrasta con la mantenida por el Gobierno regional frente a otros proyectos como el del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), que recabó 2.500 alegaciones en su momento y al que el Ejecutivo autónomo se está oponiendo incluso en los tribunales de justicia.

Así, lo ha especificado el colectivo vecinal en sus alegaciones, donde desgrana las deficiencias del proyecto y del estudio de impacto ambiental (EsIA), que califican de "incompleto e insuficiente" y, en determinados aspectos, "con falta de rigor y metodología" respecto a la propia Ley Ambiental y a directivas europeas sobre hábitats y avifauna, por considerar que se contraviene el espíritu del Convenio Europeo del Paisaje.

Asimismo insiste en que el EsIA se presentó fuera de plazo y en su disconformidad con "el descaro mostrado por la empresa al presentar nuevamente proyectos carente de las imprescindibles autorizaciones respecto al uso de agua, a los vertidos e incluso a la necesaria viabilidad urbanística de la actividad".

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En este sentido, la plataforma mantiene que, "sin resolver estos aspectos, no se puede autorizar ni ambiental ni sustantivamente el proyecto".

A lo largo de los más de cien folios presentados como alegaciones, se contienen más razones que propician el rechazo del EsIA, entre ellos la documentación sobre la modificación del perímetro de las parcelas que se pretende explotar para dar cumplimiento al mandato de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en lo que se refiere a las zonas de flujo preferente.

También se destaca que varios ayuntamientos del entorno, entre los que se encuentran Torrenueva y Torre de Juan Abad, han instado a la designación del Campo de Montiel como Bien de Interés Cultural (BIC) y se está promoviendo la declaración de la comarca como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, motivos suficientes para cancelar en primera fase los proyectos.

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Respecto a los aspectos más polémicos como radiactividad, efectos socioeconómicos y afección a Red Natura 2000 que se incluyen en las alegaciones, se tratarán en profundidad en una mesa de expertos donde participarán aquellos que han realizado aportaciones técnicas e informes en apoyo de las alegaciones de este colectivo.

Por último, Si a la Tierra Viva ha recordado que un proyecto de interés privado difícilmente puede desarrollar "razones imperiosas de interés público de primer orden", en relación con la aplicación de Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que ampara a especies que hayan sido catalogadas en el ámbito estatal o autonómico como en peligro de extinción, como es el caso del lince ibérico y del águila imperial ibérica.

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