Cuando los inspectores británicos de prisiones aparecieron sin previo aviso en Her Majesty's Prison Birmingham, un gran centro penitenciario privado situado en el corazón de Inglaterra, se toparon con charcos de sangre y vómito en el suelo. Los guardias dormían encerrados en oficinas en sus horas de patrulla y los reclusos deambulaban por los pasillos visiblemente colocados. En un momento dado, el inspector jefe, Peter Clarke, se vio tan superado por el humo generado por las drogas que tuvo que salir del módulo. A principios de esa semana, un incendio había arrasado los coches de su equipo estacionados en el parking vigilado para personal, según narraba una carta remitida al secretario de justicia el pasado agosto.
Dos semanas después de la visita de Clarke, los ministros recurrieron a poderes de excepción para hacerse con el control de la HMP Birmingham, que gestionaba la empresa privada G4S Plc. desde 2011. Gran Bretaña tiene un porcentaje de reclusos en prisiones con ánimo de lucro mucho mayor que cualquier otro país, con la salvedad de Australia, con una tasa que duplica la de Estados Unidos. Son tres las compañías que dan cabida a casi el 20 por ciento de los 82.000 reclusos de Inglaterra y Gales: G4S, Serco y Sodexo. El sector privado tiene una presencia aún mayor en los centros de expulsión de inmigrantes y en los servicios de transporte de reclusos de Gran Bretaña, y también gestiona algunos calabozos policiales y seguimientos de libertad condicional. Un portavoz de G4S comenta que la compañía no tiene «ninguna excusa» que justifique las condiciones en las que estaba el centro penitenciario de Birmingham y añade que las otras cuatro prisiones que gestionan en Gran Bretaña funcionan mejor.
La oposición, en concreto el Partido Laborista, ha prometido un mayor control sobre las empresas penitenciarias privadas, a las que acusa de recortar gastos para incrementar sus ganancias. «El encarcelamiento de seres humanos con fines lucrativos es inmoral», afirma Richard Burgon, portavoz de justicia del Partido Laborista. Al menos otros tres partidos más pequeños de la oposición también se han mostrado en contra de las cárceles «comerciales».
Gran Bretaña abrió su primer centro penitenciario de gestión privada en 1992, época en la que el país reforzó los poderes policiales e impuso penas de la mano del primer ministro conservador John Major: «La sociedad tiene que condenar un poco más y entender un poco menos», dijo Major en una entrevista en 1993. Un proceso que continuó con su sucesor, el laborista Tony Blair. Desde entonces, el número de reclusos en Inglaterra y Gales, con exclusión de Irlanda del Norte, prácticamente se ha duplicado. Escocia ha seguido un camino parecido, con un incremento de más del 60 por ciento desde 1990, que en esta última época ha comenzado a reducirse. En Irlanda, el número ha aumentado en torno a un 80 por ciento en el mismo periodo.
Muy parecido a EEUU
Las tasas generales de criminalidad han disminuido en los últimos 25 años, pero los homicidios, por apuñalamientos y robos, están en aumento, lo que representa un gran desafío para un servicio policial y penitenciario ya de por sí sobrecargado. El mes pasado tres adolescentes murieron apuñalados en Birmingham, en una oleada de crímenes con arma blanca que los jefes de policía y los políticos han calificado de epidemia nacional.
Hay quien entiende que privatizar e incrementar el número de reclusos al mismo tiempo es un presagio de tiempos oscuros. «La dinámica se parece mucho a la de Estados Unidos», comenta Michael Jacobson, director del Instituto para la Gobernabilidad Estatal y Local de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y excomisionado penitenciario de la misma ciudad. Estados Unidos tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, muy por encima del Reino Unido y de Australia. «Ya hemos vivido aquí esta historia y no termina bien», comenta. Solo entre 2014 y 2018, las agresiones graves en las prisiones inglesas y galesas han aumentado en un 130 por ciento, mientras que las autolesiones prácticamente se han duplicado.
Craig Thomson, en su día director de una cárcel pública escocesa y ahora director de la prisión de Thameside, gestionada por Serco en el sur de Londres, comenta que le convenció el enfoque del sector privado. Sin el «papeleo» generado por la administración gubernamental, Thameside opera con cerca de la mitad del personal de una institución pública similar, afirma, y gasta más de su presupuesto en instalaciones, incluyendo un gimnasio bien equipado y ordenadores en las celdas. No hace mucho los reclusos mostraban su satisfacción y varios decían que preferían Thameside a las viejas cárceles públicas de Londres. «Si Serco tiene algo de margen y sigue siendo una opción más barata que el Gobierno, ¿qué problema hay?», dice Thomson.
El pasado año, Rory Stewart, ministro de Prisiones, anunció planes para construir seis centros penitenciarios más que darán cabida a un máximo de 10.000 reclusos. Además de reafirmar su compromiso con la privatización, expuso en el Parlamento británico que las empresas con fines de lucro competirían por la gestión de las cárceles y que el servicio penitenciario público únicamente se haría cargo de su gestión en caso de que ninguna empresa presentase una oferta adecuada.
Los dos primeros centros, cuya apertura está prevista dentro de los tres próximos años, serán de gestión privada, confirmó Stewart en noviembre. Julian Le Vay, en su día director financiero del servicio penitenciario británico, estima que los contratos de las cárceles nuevas podrían ascender a más de 6.000 millones de dólares en la próxima década, basándose en parte en contratos que expiran y que cubren miles de espacios destinados a los presos; el Gobierno tiene que optar entre renovar o gestionar directamente las cárceles. «Si te dedicas al negocio de la detención, seguro que estás interesado», apunta Le Vay. Entretanto, el futuro de HMP Birmingham sigue siendo incierto. El Parlamento sigue tratando de determinar qué es lo que no ha funcionado.
Una investigación anterior llevada a cabo tras un motín en 2016 puso de manifiesto una «escasez crónica de personal» y reclusos que se «vigilaban a sí mismos». G4S desarrolló un plan para mejorar la seguridad después del incidente. Los diputados de la oposición piden ahora que las empresas hagan público el número de personal penitenciario privado. El servicio penitenciario público ya informa sobre su dotación de personal, pero las tres compañías privadas siguen resistiéndose, argumentando que se trata de un asunto delicado desde una perspectiva comercial. Este verano, el Gobierno británico examinará la pertinencia de devolver la gestión del centro penitenciario a G4S.
Liz Saville Roberts, diputada de la oposición y copresidenta de un grupo parlamentario que representa a los funcionarios de prisiones, afirma que la falta de transparencia impide a los políticos analizar la manera en que las empresas privadas gestionan las cárceles. «Es necesario que determinemos si en Birmingham estaba ocurriendo algo que podría estar a punto de suceder en otras prisiones privadas», afirma.
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