Turismo de Melilla pide una solución dialogada en vez de "posturas radicales"

El presidente del Patronato de Turismo de Melilla, Javier Mateo, ha pedido hoy una solución dialogada para resolver el conflicto con los estibadores, al advertir de que las "posturas radicales no van a traer más que difíciles soluciones para todos".

"Está claro que nos puede perjudicar", ha señalado el presidente en rueda de prensa, en alusión a los paros convocados para estos trabajadores de los puertos españoles los próximos días 20, 22 y 24.

Javier Mateo ha declarado que "aquí hay una presión muy fuerte por parte de los estibadores, que quieren conservar sus privilegios y Europa dice que no".

Mateo ha añadido que "el sistema de funcionamiento es muy particular, donde los puestos de trabajo pasan de padre a hijo y no hay posibilidad de ingresar si no eres familia directa".

Sin embargo, es necesario "modernizar mercados, abiertos a todo el mundo, con todas la posibilidades", para que los puertos sean más competitivos, ha apuntado.

El sistema actual "tampoco permite a los puertos ser muy competitivos, por los precios que se establecen con un monopolio prácticamente", ha subrayado.

"Tanta presión no permite comercialmente crecer", ha sentenciado el presidente de este organismo.

Según datos de la Autoridad Portuaria de Melilla, el tráfico de mercancías por el puerto de la ciudad creció en 2016 un 13,1 % respecto al año anterior, hasta alcanzar 1.167.000 toneladas.

Melilla tiene proyectada una ampliación de la zona portuaria enfocada principalmente al tráfico de mercancías, con una inversión de al menos 200 millones de ellos, entre otros motivos para contrarrestar la competencia que representa el puerto de la vecina ciudad marroquí de Nador.

El Ministerio de Fomento ha establecido unos servicios mínimos del cien por cien para operaciones que afecten a mercancías perecederas o peligrosas o los suministros esenciales a los territorios insulares, Ceuta y Melilla, ante los paros previstos.

Los estibadores rechazan la forma en que el Gobierno prevé aplicar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a España a liberalizar el sector, con una reforma que además pretende reducir costes de la estiba.

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