La Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) han alertado hoy de que las enmiendas de la oposición al decreto ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor ponen en peligro la actividad agraria en el Campo de Cartagena.
En un comunicado, Proexport ha reclamado a los grupos políticos que no extiendan las medidas de protección de la Zona 1 del decreto, las más restrictivas con la agricultura, al resto del Campo de Cartagena, al tiempo que ha denunciado la "falta de rigor científico" de varias de las propuestas y el "daño gratuito e irreversible" que causarán a la agricultura de la comarca.
El vicepresidente de Proexport, Javier Soto, ha advertido de que "parece una caza de brujas" el dictamen que se votará el lunes en la Comisión de la Política Territorial sobre la ponencia para intentar consensuar las modificaciones al decreto ley, y que debe ratificarse en pleno de la Cámara autonómica el próximo 1 de febrero.
Para Soto, tendrá una "nula" incidencia sobre la laguna extender las medidas más allá de la zona 1, tal y como pretende la oposición, así como modificar los sistemas de riego por goteo para adaptarlos a las curvas de nivel.
Igualmente, Proexport ha incidido en el "especial impacto" que tendrá la aprobación de la enmienda que obliga a destinar el 5% de la superficie a sistemas de retención de nitratos, que supondrá un coste de entre 486 y 547 millones de euros, según Soto, y dejar sin producción más de 6.000 hectáreas. "El mayor impuesto medio ambiental que jamás se les haya aplicado al campo", ha apostillado.
Finalmente, los exportadores también han culpado de la situación al Gobierno regional por elaborar un decreto ley que atendió "de forma muy parcial" las alegaciones hechas por el sector.
Por su parte, UPA ha pedido a los diputados regionales que reconsideren su posición porque las enmiendas que proponen "perjudican gravemente" a los agricultores y "no aportan protección" a la laguna.
La organización agraria ha recordado el decreto ley aprobado por el Gobierno regional, que ha calificado como "muy deficiente" y "no consensuado", "empeora" con la tramitación parlamentaria, introduciendo "sin distinción de zonas, limitaciones y obligaciones sin sentido" al desarrollo de la actividad agraria.
Finalmente, UPA ha subrayado que sigue rechazando que las actuaciones legislativas para proteger el mar Menor se circunscriban "exclusivamente" al sector primario, insistiendo en "focalizar" como "único responsable" mientras el resto de actividades económicas "campan a sus anchas".
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