Patronal, CCOO y UGT firman el convenio del metal en Pontevedra

Las patronales Asime, Atra e Instalectra y los sindicatos CCOO y UGT han firmado esta tarde el convenio del sector del metal en la provincia de Pontevedra, que afecta a más de 25.000 trabajadores y más de 3.000 empresas.

Enrique Mallón, secretario general de Asime, ha reconocido que hay aspectos como la cláusula de revisión salarial ligada al IPC real que la parte empresarial se negaba a aceptar, pero acabó cediendo porque ha antepuesto la estabilidad laboral por encima de otras consideraciones.

Ha señalado que el nuevo convenio, sellado tras más de una docena de reuniones "muy técnicas, profesionales y rigurosas", es "garantista" con los derechos de los trabajadores y da "estabilidad" a los empresarios, que saben a qué "atenerse" y pueden programar su actividad "con más tranquilidad y previsión".

Sobre los incrementos salariales del 2% para este año y del 1,25% para 2018 y 2019, Mallón ha dicho que son acordes con "la situación de leve mejoría" del sector.

El secretario general de Asime ha valorado que se haya llegado a un acuerdo en medio de "un clima social y laboral un poco revuelto en Galicia", y ha considerado que el convenio del metal en la provincia de Pontevedra puede servir de acicate para que otras negociaciones desemboquen en acuerdos próximamente.

Ana Belén Valiño (UGT) ha incidido en la importancia de cerrar un acuerdo antes del parón estival, porque lo habitual en las últimas negociaciones era esperar hasta octubre o noviembre, con lo que la retroactividad de las medidas pactadas apenas tenía incidencia en las empresas sin representación sindical.

Valiño ha destacado, aparte de la recuperación de la cláusula de revisión salarial, la regulación de las empresas multiservicio, que "están haciendo mucho daño" en el sector del metal, pues suponen "una competencia desleal no entre empresas, sino entre trabajadores".

Celso Carnero (CCOO) ha lamentado por su parte que la CIG no haya firmado el convenio, lo que cree que resta "fuerza" a la parte sindical a la hora de negociar con la patronal, y que ha atribuido a una "estrategia política sindical que no tiene nada que ver con los intereses de los trabajadores".

La CIG se desmarcó del acuerdo porque considera que lleva al sector a una situación de precariedad y no garantiza la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años por los trabajadores.

Una de las principales pegas de la CIG es que no hay un compromiso de que el convenio sea de mínimos para el sector, con lo que cualquier empresa puede firmar propios por debajo de las condiciones en él contenidas.

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