La juez pide a Intervención del Estado un informe del concurso de Aznalcóllar

La juez que investiga la concesión de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) ha pedido a la Intervención General del Estado que realice un dictamen completo sobre la validez de la normativa que regula el concurso público de la Junta de Andalucía para adjudicar las actividades extractivas en la reserva minera.

En una providencia a la que ha accedido Efe, la titular del juzgado de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, también pide a Hacienda la información fiscal relativa a operaciones con terceros y el IVA de Minorbis, AMC Mining Iberia SL y Minera Los Frailes, que fue la empresa que aceptó explotar la mina.

Además, la juez pide a la Seguridad Social un listado de las personas que están empleadas o han trabajado para Minorbis y Minera Los Frailes, y reclama a tres bancos todos los movimientos de ambas compañías y de AMC Mining Iberia desde el 1 de enero de 2013.

Sobre la suspensión cautelar de la mina, la juez recuerda que lo denegó en diciembre pasado y fue una decisión que nadie ha recurrido.

También pide que se concrete la identidad, por posible prevaricación, de los miembros de la comisión técnica y de la mesa de contratación que "hubieran sido ascendidos inmediatamente después de su participación" en ese órgano, como denunció la empresa perdedora del concurso, Emerita Resources.

En el auxilio judicial reclamado a la Intervención del Estado, la juez le precisa que deben examinar el Decreto-ley 9/2013 por el que se articulan los procedimientos necesarios para la reapertura de la mina de Aznalcóllar.

También deben examinar la resolución de 13 de enero del 2014 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se convocó el concurso público para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos existentes en la reserva minera de Aznalcóllar.

La juez quiere que los interventores analicen todo el procedimiento seguido desde la revisión inicial de solicitudes hasta la conformación de las sucesivas fases administrativas.

Entre ellos, deben analizar los trabajos desarrollados por la comisión técnica y la mesa de contratación, que concluyeron en la resolución de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de 25 de febrero de 2015, que adjudicó a la entidad Minorbis-Grupo México la preferencia en las actividades extractivas de Aznalcóllar.

Los interventores, precisa la juez, tendrán que estudiar la documentación presentada para la aceptación de la adjudicación el 11 de mayo de 2015, el recurso de alzada interpuesto contra la adjudicación y el informe de la Dirección General de Industria, Energía y Minas sobre la aceptación del resultado del concurso.

La providencia se ha emitido después de que la Audiencia de Sevilla, en un auto cuya ponente fue la magistrada Mercedes Alaya, decidiera en octubre de 2016 reabrir la causa después de que la juez de instrucción la hubiera archivado provisionalmente en diciembre de 2015.

La Audiencia consideró que en el procedimiento administrativo de la concesión de la mina existían indicios de que la Junta de Andalucía cometió "ilegalidades severas y arbitrarias" que podrían suponer un delito de prevaricación.

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