La juez cree "imprescindible" acceder a correos de la Junta sobre Aznalcóllar

La juez que investiga el proceso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) ha autorizado el volcado y acceso de miles de correos electrónicos de tres altos cargos de la Junta de Andalucía y de doce funcionarios porque lo considera "imprescindible y necesario" para aclarar el caso.

La titular del juzgado de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, cree que el acceso a esos correos es "imprescindible" para "revelar si hubiera habido o no algún tipo de apoyo o indicación institucional desde la administración autonómica, paralelo a las negociaciones previas, y al discurrir posterior del concurso".

En un auto anunciado hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la juez rechaza las peticiones de anular el volcado de miles de correos, recogidos de 19 direcciones de personal de la Junta, que fueron planteadas por varias de las personas afectadas, entre ellas la viceconsejera de Empleo y ex directora general de Minas, María José Asensio.

La juez ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía considera que el volcado de los correos, ahora almacenados en un disco duro, no es una diligencia "indiscriminada ni innecesaria y no supone el inicio de una investigación prospectiva".

En su resolución, la instructora precisa que "se trata de correos corporativos adscritos al desarrollo de una labor profesional y, en principio, no idóneos para el mantenimiento de conversaciones privadas".

El pasado 20 de febrero, la juez suspendió el volcado de los correos emitidos o recibidos entre 2013 y 2016 tras la petición de varios de los afectados y por "razones de seguridad jurídica", y ahora, tras rechazar la petición de la Junta y de varios afectados de suspenderla definitivamente, fija esa diligencia el 23 de marzo.

En su resolución, la juez reitera que los agentes de la Guardia Civil que recogieron los correos sólo deben reseñar los relativos a "extractos de las conversaciones significativas para la causa", con exclusión, por tanto, de cualquier comunicación relativa a la defensa jurídica de los implicados en esta causa.

Todo ello "con la adopción de todas las medidas de control precisas para preservar la cadena de custodia", indica la juez antes de recordar que, en esa obtención de correos, se dejó fuera al consejero José Sánchez Maldonado tras manifestarse su condición de aforado.

La juez, que investiga la denuncia de Emerita Resources, la empresa perdedora del concurso, resuelto por la Junta en febrero del 2015 a favor de Minorbis, recuerda que la Audiencia de Sevilla, en un auto firmado por Mercedes Alaya, ordenó reabrir el caso por las ilegalidades "severas" y presuntamente "arbitrarias" que apreció.

La instructora insiste en que, desde un principio, "se viene señalando en la presente causa las estrechas relaciones que pudieran existir entre el grupo de empresas Magtel, vinculado a la familia López Magdaleno y la administración andaluza y, en particular, con responsables de la Consejería de donde emana el concurso público objeto de esta investigación".

También señala que la obtención de los miles de correos cuyo contenido se va a volcar se hizo con la presencia de agentes de la Guardia Civil, del informático de la Consejería de Empleo y el responsable jurídico de Sandetel, la empresa pública encargada de la gestión de los servidores informáticos.

Ni este artículo, ni sus datos, ni su contenido multimedia o relacionado constituyen recomendación alguna o estrategia de inversión. Inversor Ediciones, SLU (incluyendo a sus profesionales, colaboradores y proveedores) declina cualquier responsabilidad relacionada con el uso que usted dé a los contenidos publicados por finanzas.com y/o la revista INVERSIÓN.