La consellera de Vivienda, María José Salvador, ha firmado un convenio con 12 ayuntamientos para impulsar el alquiler y la venta de más de 400 viviendas de protección oficial (VPO), un convenio que se pretende extender a todas las poblaciones que dispongan de ellas, según ha informado la Generalitat.
Con la firma, los consistorios se comprometen a participar en campañas conjuntas de información y divulgación de las promociones de viviendas protegidas, gestionar visitas de las personas interesadas, recoger solicitudes así como crear oficinas de atención ubicadas en sus respectivos municipios.
Al acto, además de los alcaldes, han asistido la directora general de Vivienda, Rebeca Torró, y la directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), Helena Beuenza.
La consellera ha añadido que este convenio es uno de los "grandes proyectos" de su departamento, y ha destacado que se está "dando un paso en la colaboración entre instituciones para articular los procesos para que las viviendas de VPO vacías se ocupen regularmente".
Además, ha recordado que, al llegar al gobierno, se encontraron con que gran parte de las 1.300 viviendas de VPO que la Generalitat tiene en toda la Comunitat, en venta y alquiler, estaban vacías, "algo que no se puede permitir en una autonomía con un alto índice de desahucios".
Con esta primera firma de convenio local, se ponen a disposición de las familias interesadas 434 viviendas de VPO en Castellón, Albaida, Gandia, Sueca, l'Alcora, Pego, Pilar de la Horadada, Gavarda, Villamarxant, Castalla, Vinaròs y Moncada.
Desde EIGE se colabora facilitando todo tipo de información de las promociones, así como las políticas de vivienda de la Conselleria de Vivienda que pudieran afectar a dichos inmuebles.
Los interesados pueden acceder a través de tres tipos de contratos: contratos de alquiler, contratos de alquiler con opción a compra y contrato de compraventa.
Cada una de las promociones ofrece sus propias particularidades, tanto en tipo de contratos como en precios, por lo que la Generalitat, a través de su entidad pública EIGE y los ayuntamientos se comprometen a informar de manera conjunta a los ciudadanos sobre las condiciones y régimen jurídico de cada uno de los sistemas contractuales.
La consellera, además, ha anunciado que en unas semanas, en colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, tendrán lugar reuniones en las tres provincias para explicar la Ley por la Función Social de la Vivienda con los ayuntamientos.
El objetivo es "tener un marco de acción conjunto para hacer frente a las situaciones de emergencia y para compartir una hoja de ruta en materia de vivienda pública".
Asimismo, ha destacado la "fuerte inversión" destinada a políticas de vivienda que ha pasado de los 37 millones de euros de 2015, a los 79 millones de 2016 y a los 90,6 millones en los presupuestos de 2017.
"Una prioridad que nos hace cumplir con el primer punto del Pacto del Botánico", ha resaltado Salvador, quien ha destacado que las ayudas al alquiler también se han multiplicado por tres en esta legislatura, beneficiando a 12.500 familias en toda la Comunitat. EFE.
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