La Secretaría General de Vivienda, dependiente de la Consejería de Fomento, ha desvelado este viernes que se ha encontrado con unas 50.000 ayudas al alquiler sin resolver del mandato anterior, 9.679 solicitudes pendientes de 2017 de Málaga y Sevilla, y unas 40.140 de las ocho provincias en 2018.
Según los datos facilitados por la Consejería de las ocho provincias, Sevilla tiene pendientes 10.000 solicitudes de la última convocatoria; Cádiz 8.000; Málaga, 7.500; Granada, 5.000; Córdoba, 3.300; Huelva 2.222; Almería, 2.218 y Jaén, 1.900, con lo que estima que el anterior Gobierno dejó sin atender casi 50.000 solicitudes en la comunidad.
Tras hacer públicos los datos, la consejera Marifran Carazo ha afirmado que comparte con el Defensor del Pueblo Andaluz las críticas por las repercusiones negativas que el retraso producido desde 2017 en la gestión de las ayudas al alquiler tiene para muchas familias andaluzas.
Para hacer frente a las situación, ha puesto en marchar un plan de choque que resuelva las incidencias registradas en el anterior mandato, una iniciativa que supone el refuerzo de personal de los equipos de las delegaciones territoriales de Sevilla y Málaga con cinco efectivos más.
La incorporación de los equipos ha hecho posible que en Málaga se estén culminando estos días los trámites para hacer efectivo estos pagos y que en Sevilla se haya entrado ya en la fase final del proceso para pagar las primeras ayudas dirigidas a personas en situación especial de vulnerabilidad o familias cuyos ingresos no excedan 2,5 veces el IPREM, ha explicado.
En total, el montante de estas ayudas pendientes alcanzan los 7,3 millones de euros por la convocatoria de 2017, en concreto, 4,5 millones se destinarán a solicitantes de Sevilla y 2,8 millones a los de Málaga.
En cuanto a la convocatoria de 2018, el presupuesto autonómico y estatal para estas ayudas suma 19 millones de euros.
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