En mayo se cumplirán doce años desde la intervención judicial de Fórum Filatélico y Afinsa. Sin embargo, aún no se ha concretado qué autoridad pública fue responsable de que la burbuja que habían creado en la compraventa de sellos, con una jugosa rentabilidad garantizada, creciera hasta estallar.
Para la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esa culpa recaería en dos ámbitos: el Banco de España y el Gobierno, a través del Ministerio de Economía. Así lo afirmaron este jueves varios ex altos cargos del regulador bursátil al declarar como testigos en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional desde septiembre contra una treintena de miembros de la antigua cúpula de Fórum encabezada por Francisco Briones, para el que se piden 27 años de cárcel por estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y delitos fiscales.
Según Manuel Conthe, quien presidió la CNMV entre 2004 y 2007, el Banco de España «debería haber velado» por fiscalizar las actividades de Fórum -y por extensión también de Afinsa-, dado que «era evidente» que estaban haciendo captación de ahorro público, y que ésta «se parecía más a un depósito bancario que a un activo financiero». Y es que, a su juicio, «lo crucial» era precisamente «cómo se captaba».
Como el ahorro invertido era reembolsable -los sellos adquiridos tenían pacto de recompra-, Conthe y sus excolaboradores adujeron que escapaba a la actividad de los mercados. No obstante, el regulador bursátil recibió quejas de clientes pero no pudo actuar porque a Fórum, que pidió ser supervisado, no se le consideraba un 'chiringuito' financiero. Aún así, dijo que había en ella «una situación de ilegalidad clara».
"La peor solución posible"
Otra clave fue el cambio normativo de 2003 cuando el legislador, de forma «muy torpe y criticable», lamentó el expresidente de la CNMV, dio esa competencia a las autoridades autonómicas de consumo, cuando hasta entonces era una materia que dependía de los reguladores financieros -la propia Comisión, el Banco de España y la Dirección General de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía-. Fue, insistió, "la peor de las soluciones posibles".
La consecuencia, reconoció ante el tribunal, es que al no tener las comunidades autónomas medios suficientes en esos momentos para realizar un control "eficaz y efectivo" el cambio competencial "logró que la presión que había sobre Fórum y Afinsa quedara paralizada". "Les dio -declaró en tono de queja-, desgraciadamente, tres años adicionales para que la pirámide (de su presumible estafa) siguiera creciendo hasta que se produzco la intervención" judicial de ambas en mayo de 2006.
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