Consejería denuncia que PP pide que se obligue a funcionarios a incumplir ley

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales ha denunciado que el PP, cuando reclama que se deje de acotar terrenos tras los incendios, pide que se obligue a los funcionarios a "delinquir" incumpliendo la vigente Ley de Montes.

El departamento que dirige María Jesús Álvarez sostiene que "cumple y seguirá cumpliendo" la legislación vigente, tanto la Ley de Montes y Ordenación Forestal del Principado como "todas las demás".

Ante las declaraciones realizadas esta mañana por el diputado del PP Luis Venta Cueli y portavoces de la plataforma Asturias Ganadera, que piden que se deje de acotar terrenos tras los incendios, el Principado afirma que el cumplimiento de las normas "no es una opción, sino una obligación" exigible a todos, especialmente a los poderes públicos.

La consejería advierte de que no va a obligar a los funcionarios a que cometan un delito saltándose la ley vigente, algo incompatible con un Estado de derecho, de manera que la Ley de Montes "se seguirá aplicando" en su redacción actual, del mismo modo que "se aplicará escrupulosamente" la que, en su caso, resulte la modificación que se está tramitando en la Junta General.

El Parlamento ha admitido a trámite la iniciativa para modificar la norma, pero aún no ha sido debatida ni votada por los grupos parlamentarios en el pleno de la Cámara.

Así, la consejería entiende que resulta "imposible" por ilegal "intervenir desde cualquier ámbito y, más si cabe, desde el de la representación política, dando instrucciones que no se ajustan a la ley".

Desarrollo Rural recuerda que los acotamientos al pastoreo en zonas incendiadas se producen como consecuencia de la aplicación de de la vigente Ley de Montes y Ordenación Forestal, que obliga a restringir las superficies incendiadas por un periodo no inferior a un año para la recuperación de la vegetación afectada.

"Si alguien pide que no se acoten las zonas quemadas, está pidiendo que se incumpla la ley", subraya la consejería, que entiende que si no se realizaran acotamientos cualquier ciudadano o asociación podría llevar la actuación del Principado a la Fiscalía por la comisión de un delito.

Por su parte, el portavoz de Medio Rural y Recursos Naturales del Grupo Parlamentario Popular, Luis Venta, ha denunciado la grave situación del campo asturiano y las iniciativas que el PP lleva esta semana al pleno de la Junta, que dedicará de forma monográfica a la agroganadería, con asuntos como los acotamientos, los ataques de la fauna salvaje o el sector lácteo.

Venta ha avanzado una iniciativa del PP a favor de la "fiscalidad cero" para favorecer que los ganaderos puedan aumentar la base territorial de sus explotaciones y cifra en un millón de euros las pérdidas por los defectos en la gestión de las ayudas de la PAC por parte del Gobierno socialista.

Ha cifrado en un millar el número de ganaderos de alta montaña y con producción en zonas con limitaciones naturales afectados, a los que espera que a partir del próximo 16 de octubre se les abone la cuantía pendiente, si bien ha indicado que no es "muy optimista".

Venta ha señalado que, con la actual consejera, María Jesús Álvarez, el medio rural asturiano atraviesa un "ciclo vital perverso", ya que los problemas "nacen, crecen, se reproducen, pero no mueren".

Le ha atribuido "incapacidad" en la gestión, que "sufren" los profesionales del sector, y ha lamentado "ausencia de medidas en la gestión, y también estructurales".

Ha mencionado los acotamientos aplicados por la Consejería, tras los incendios forestales, como un problema que está afectando a la rentabilidad de las economías de las explotaciones ganaderas.

A su juicio, "parece que la Consejería está provocando y se está ensañando" con los ganaderos, que han visto cómo se han acotado 10.500 hectáreas desde 1 de julio hasta el 30 de septiembre.

Venta ha anunciado que el PP presentará mañana una interpelación en el pleno de la Junta General y planteará el viernes una "solución a esta provocación", que "no es más que, cautelarmente y hasta que se finalice la modificación de la tramitación legislativa, se paralicen los acotamientos y los expedientes sancionadores".

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