Condenado exgerente de cooperativa Caval a penas que suman 23 años de prisión

La Audiencia de Badajoz ha condenado al exgerente de la cooperativa hortofrutícola Caval, Manuel García, a penas que suman 23 años de prisión como autor de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad contable, administración desleal, fraude de subvenciones y apropiación indebida.

Además, deberá indemnizar con 358.171 euros a la cooperativa, actualmente en concurso de acreedores; con más de medio millón de euros a la Junta de Extremadura y con 960.628 euros a la Agencia Tributaria.

El fallo, dado a conocer hoy, también condena al ex director comercial de la cooperativa de Valdelacalzada, Manuel Corrales, y a la mujer de éste, Carmen Texeira, a cuatro y tres años de prisión por sendos delitos de apropiación indebida, respectivamente.

Asimismo, Corrales deberá indemnizar a la cooperativa con 815.637 euros, mientras que Texeira, de forma conjunta y solidaria con Manuel García, con 104.000 euros.

En la sentencia, los magistrados califican de "gran defraudación" en el ámbito económico la actuación realizada por el exgerente, cuya conducta de gestión fue "desastrosa, con un permanente proceder falsario y manipulador en el aspecto contable y financiero".

Dicho proceder, según se añade, llevó a la entidad a "un grave quebranto económico" y "a la ruina" a una cooperativa "que contaba con un gran potencial derivado del esfuerzo de los socios y de la gran y objetivamente muy provechosa capacidad productiva frutícola".

Una cooperativa, según añaden los magistrados, con más de doscientos socios, "a quienes se ha causado gran perjuicio como, a la postre, a la propia localidad de Valdelacalzada, sostenida social y económica en principal medida gracias al sector hortofrutícola", y cuya ruina a afectado a la misma "con una caída del 70% de su PIB".

La Audiencia Provincial considera probado que Manuel García, desde la constitución de Caval en 1993, y "singularmente" de 2007 a 2009, realizaba en la entidad funciones "omnicomprensivas" de gerencia, pese a tener una sentencia de 2003 que le impedía realizar esta labor.

Desde dicha posición, ha reflejado la Audiencia, García procedió, a través de la gestoría local de su propiedad SEASA que gestionaba subvenciones y declaraciones fiscales a los vecinos, a operaciones "ficticias y distorsionadas de la realidad comercial y financiera".

Sirviéndose de la entidad cooperativa Colonos de Valdelacalzada, sociedad inoperativa desde 1995, realizó supuestas compraventas y compras de Caval a aquélla; y desde Frulactea Caval se realizó toda una "ficticia facturación".

De igual modo, y sirviéndose de la entidad de su propiedad Extremadura de Frutas, e interponiéndola entre Caval y otras sociedades como Pelifruit, conseguía generar una "facturación ficticia".

El sistema para lograr una "aparente" liquidez a corto plazo en la cooperativa, unido a la contabilidad de facturas "falaces" y diversas operaciones puntuales de salidas de activos generaron pérdidas millonarias en la cooperativa.

Esta sentencia, cuyo juicio se celebró entre noviembre y diciembre del pasado año, cierra el caso penal más grande que se ha celebrado en Extremadura.

La causa, que constó de más de 12.000 folios y 44 volúmenes, acogió la declaración de los tres acusados, así como de 23 testigos y 11 peritos. Al margen del Ministerio Fiscal, en la causa también se personaron los cooperativistas, la Junta de Extremadura y la Agencia Tributaria a través de la Abogacía del Estado.

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