Canepa Green presenta un nuevo arbitraje contra España por recorte renovables

Canepa Green Energy, vehículo de inversión de Azora Renovables dedicado fundamentalmente a energía eólica, ha presentado una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) por el recorte de primas a las renovables que hizo España.

Una vez más, el Tratado de la Carta de la Energía es invocado en un arbitraje contra España por el cambio legal que redujo drásticamente la retribución que venían recibiendo los promotores de instalaciones renovables en España.

La solicitud de arbitraje se registró el pasado 25 de febrero, según consta en la base de datos del Ciadi, y los reclamantes son las sociedades Canepa Green Energy Opportunities I y Canepa Green Energy Opportunities II, ambas con sede en Luxemburgo.

Canepa Green Energy fue creada en 2010 para llevar a cabo un plan inversor y lanzar una compañía de gestión de activos de energías renovables, con especial foco en la energía eólica en Europa y América, según consta en la página web de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), en la que figura como socio.

La sociedad, según la información que aparece en la página de la AEE, cuenta en España con cinco parques eólicos en Galicia, La Rioja y Cataluña, que conjuntamente tienen una capacidad instalada de cerca de 130 megavatios (MW), con una producción superior a 250.000 megavatios hora (MWh).

Esta nueva solicitud de arbitraje se presenta apenas dos meses después de que el Gobierno presentara un anteproyecto de ley al Consejo de Ministros, en el que fijaba las tasas de retribución de las actividades reguladas del sistema eléctrico en el período 2020-2025 y en el que introdujo una medida para evitar nuevas reclamaciones ante tribunales y cortes arbitrales.

El anteproyecto ha pasado ya el proceso de consulta pública y tendría que volver a ir al Consejo de Ministros para ser aprobado y remitida a las Cortes como proyecto de ley, pero la convocatoria de elecciones para el 28 de abril y la disolución de las Cámaras el 5 de marzo hacen prácticamente imposible que pueda ser tramitado como proyecto de ley.

En ese anteproyecto, el Gobierno daba la opción de mantener para las instalaciones renovables, de cogeneración o residuos con derecho a retribución primada anteriores al real decreto-ley de 2013, que recortó las primas a las renovables, la tasa de rentabilidad vigente en la actualidad, del 7,503 %, que no se tocaría en las dos revisiones que hay que hacer a partir de enero de 2020, con lo que tendrían garantizada esa retribución hasta 2031.

Las indemnizaciones y compensaciones a pagar a las empresas que hubieran ganado ya en instancias judiciales o arbitrales y contaran con una resolución firme, se detraerían del importe correspondiente a la diferencia entre lo que haya que abonarles por las tasas de retribución que tendrán congeladas hasta 2031 y la que hubieran recibido de seguir en el régimen ordinario.

Los afectados por la reforma que no quisieran acogerse a ese marco retributivo tendrían que acogerse al ordinario, en el que la retribución se revisa cada seis años.

Cinco, de los siete laudos arbitrales que habían sido dictados hasta la fecha en que se presentó el anteproyecto, fueron parcialmente condenatorios contra España y el número de procedimientos de arbitrajes internacionales abiertos en diferentes instancias ascendía a 35.

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