C's pide la comparecencia del exgerente del ACA Joan Pinyol por caso de ATLL

Ciutadans ha pedido la comparecencia en el Parlament del exgerente de la Agencia Catalana del Agua y ahora director de Medio Ambiente del Área Metropolitana de Barcelona, Joan Pinyol, y del actual gerente del ACA, Diego Moxó, por la polémica sobre la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL).

En concreto, este grupo reclama su comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Parlamento catalán para que den su opinión respecto al informe de la Oficina Antifraude que detectó irregularidades en la gestión de Acciona en ATLL.

La diputada de Ciutadans Marina Bravo reclama a ambos cargos que digan si acatarán o no las recomendaciones incluidas en este informe, qué medidas se adoptarán y su repercusión económica.

A principios de este mes, la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) dio a conocer que había remitido a la Fiscalía Superior de Cataluña un informe en el que planteaba la posibilidad de resolución del contrato de concesión de la sociedad ATLL al grupo Acciona por apreciar "múltiples irregularidades" en sus procesos de facturación.

El dictámen de Antifraude fue remitido además a las consellerías de Economía y de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, así como a la Agencia Tributaria.

Antifraude constató "múltiples irregularidades" relacionadas con las presuntas prestaciones de servicios de la ATLL Concesionaria de las cuales "se derivan significativas consecuencias en perjuicio del sector público".

El informe apuntaba que ATLL Concesionaria habría utilizado un mecanismo de facturas cruzadas con al menos dos filiales vinculadas al mismo grupo.

Entre las irregularidades, destacaba "la falta de autorización de las operaciones examinadas y de la justificación de realización de éstas en condiciones de mercado", "la falta de justificación de otros gastos" y "la inexistencia de una corriente real de servicios presuntamente prestados".

En relación a este último punto, Antifraude no consideraba acreditados servicios por valor de 7,41 millones de euros prestados presuntamente por la filial Empresa Operadora en 2013, ni los facturados por otra filial, Acciona Agua, en 2014, por importe de 4,72 millones.

La investigación de la Oficina Antifraude partía de una demanda presentada en abril del 2015 por el sindicato CGT por presunto enriquecimiento injusto de hasta 7,5 millones de euros y que se habría iniciado entre los ejercicios 2013 y 2015. EFE

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