La factura de las causas judiciales que ha tenido que asumir Bankia por conflictos generados con clientes y accionistas se ha elevado hasta 5.000 millones. Esa es la estimación que ha realizado el presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, quien confía en que los últimos flecos que quedan por cerrar, en casos como el de la demanda de inversores institucionales por la salida a Bolsa, no supongan un incremento de ese coste.
Bankia ha destinado unos 3.200 millones a resarcir a los miles de clientes que invirtieron en las participaciones preferentes, con un sistema de arbitraje puesto en marcha en 2013. La entidad ha dedicado otros 1.564 millones para compensar a los pequeños accionistas que acudieron al salto al parqué de la entidad. Hace un año, el banco habilitó un mecanismo para reintegrar esas cantidades a los pequeños inversores, incluidos los intereses. Para ello, provisionó 1.840 millones que serían suficientes, según estimó el grupo, para hacer frente a esta contingencia, y evitar la vía judicial.
Precisamente por este motivo, Bankia ha asumido también la devolución de las cantidades cobradas de más en las cláusulas suelo hipotecarias a todos los afectados tras la resolución del Tribunal de Luxemburgo. Se trata de unos 60.000 clientes. Goirigolzarri anticipó este jueves que este proceso se completará a finales de abril.
El presidente de Bankia, cuyos accionistas celebran hoy su junta general, aclaró que la fusión con Banco Mare Nostrum (BMN) es la que ofrece «un nivel de solapamiento menor» con respecto a otras alternativas, al referirse a una posible reestructuración del grupo en cuanto a personal y oficinas.
El camino de la integración se prolongará durante los próximos meses, en los que mediará otra junta extraordinaria de ambos bancos. Hoy mismo, el consejo de administración de Bankia se reúne para tratar, por primera vez, la operación. El consejero delegado de la firma, José Sevilla, indicó que está previsto que finalice «en el último trimestre» de este año.
Una vez consolidada la unión entre ambos bancos, el siguiente objetivo pasaría por la privatización del grupo, en el que el Estado tiene un 65% del accionariado, en ambas firmas de forma individual. «Es importante que así se haga porque es la finalidad de este proyecto, para dotarlo de mayor profesionalización», indicó Goirigolzarri. El presidente de Bankia insistió en su deseo de que, después de la venta que haga el FROB de su participación, la entidad «siga siendo independiente» de otras corporaciones que pudieran estar interesadas en ella.
Los máximos directivos del banco han defendido su gestión después de casi cinco años al frente de la entidad, sobre todo por las críticas de la competencia al operar bajo el paraguas del rescate público de 2012. «El daño a la entidad es proporcional a esas ayudas recibidas», señaló José Sevilla. Se refería a las restricciones impuestas por la Unión Europea desde aquel momento, «como el abandono de las plazas donde no éramos rentables o el precio pagado por el pasivo que no puede superar a la media del sector», entre otras exigencias ligadas al ajuste de su estructura. Sin embargo, Goirigolzarri apuntó que el próximo año «ya podremos competir en igualdad» de condiciones.
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