Los trabajadores cuentan con la Junta para impedir el cierre de Lauki

Los trabajadores de Industrias Lácteas Vallisoletanas (ILV), del Grupo Lactalis, que produce la leche de la marca Lauki, cuentan con que la Junta de Castilla y León les apoye para impedir el cierre de la planta de Valladolid, tras la reunión de hoy con la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos.

El secretario de la sección sindical de la UGT en Lactalis, Juan Carlos García Serrano, ha explicado a EFE que los trabajadores de Lauki confían en el apoyo de la Junta después del encuentro con la consejera y con el director general de Competitividad de la Industria Agroalimentaria, Jorge Morro.

Sin embargo, el secretario de la UGT ha indicado que la dirección del grupo Lactalis, con la que mañana celebrarán los sindicatos la primera reunión formal sobre el futuro de la planta, está "empeñada" en el cierre y se opone, incluso, a la venta de la factoría vallisoletana en la que trabajan 85 personas.

Sobre la hipótesis de la venta de la planta de Valladolid a otra empresa, manejada por la vicepresidenta de la Junta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, el representante de la UGT ha advertido de que detrás del cierre se encuentra la intención de Lactalis de quedarse con la cuota de mercado de la marca Lauki.

El representante sindical, que ha anunciado para mañana una reunión previa con el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha indicado que los trabajadores comenzarán mañana una serie de actos de protesta contra el cierre, con una concentración ante las Cortes de Castilla y León, en los que no cejarán mientras no reciban el compromiso de la empresa de que la planta no se cierra.

Pero, al mismo tiempo, ha reclamado también el apoyo del Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación, y de los partidos políticas para impedir el cierre.

Juan Carlos García Serrano ha acusado a la empresa de llevar a cabo una descapitalización progresiva de Industrias Lácteas Vallisoletanas, que hace diez años llegó a tener 600 empleados, en distintas operaciones que serán analizadas por un bufete de abogados para el caso de que constituyan "una ilegalidad".

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