Ley de Acompañamiento cambia normas y prevé cuerpo auxiliar de seguridad

El proyecto de ley de Medidas Fiscales y Administrativas (más conocida como ley de Acompañamiento), que ha presentado hoy el Gobierno, prevé modificar una decena de normas autonómicas, y además recoge la creación del cuerpo de técnicos auxiliares de seguridad y vigilancia.

Se trata de un cuerpo que ejerce funciones de vigilancia y protección pasiva de los edificios e instalaciones de los edificios administrativos que son sedes de las Consejerías, y que incorpora nuevas competencias que han ido apareciendo en materia de seguridad.

El proyecto legal se refiere en este sentido a funciones de supervisión, informe y asesoramiento en materia de instalaciones contra robos y actos vandálicos o "antisociales", para proteger el patrimonio de la comunidad autónoma.

La creación del nuevo cuerpo posibilitaría, según el proyecto, reforzar las labores de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las investigaciones relacionadas con la recuperación de bienes del patrimonio de la comunidad autónoma en los supuestos de pérdida, hurto o robo.

Y otra de las funciones que se pretende que desarrolle este nuevo cuerpo consiste en la colaboración con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de Función Pública.

Además, algunas de las normas autonómicas que modifica el proyecto de ley de Acompañamiento son la de Transporte de Viajeros por Carretera, la de Comercio, la de Abastecimiento y Saneamiento, la de Juego o la de Derechos y Servicios Sociales, entre otras.

Los cambios previstos en la ley de Transporte de Viajeros por Carretera van encaminados a establecer el marco normativo para proporcionar "una movilidad adecuada" a los ciudadanos de Cantabria.

Lo que se hace con el cambio es precisar los supuestos en que será factible la integración de tipos de transporte público regular de viajeros de uso general y especial, para mejorar la prestación del servicio.

Se prevé cambiar la ley de Defensa de los Consumidores para prohibir las gasolineras sin personal salvo en núcleos rurales, y en la Ley de Comercio se fija un plazo para la tramitación de expedientes sancionadores.

La ley de Ordenación de Turismo se modifica para eliminar el sellado de las listas de precio por la Dirección General competente, para "liberar de cargas administrativas".

La modificación de la ley de Derechos y Servicios Sociales recoge cambios en la regulación de la Renta Social Básica y en el régimen de infracciones y sanciones en los centros con plazas concertadas.

Y los cambios en la ley del Juego buscan "modernizar y adaptar" determinados procedimientos del sector a las nuevas tendencias regulatorias y a la nueva legislación. Entre otras cosas, se da rango legal al "Registro de Prohibidos", que pasará a llamarse "Registro de Interdicciones de Acceso al Juego".

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