La juez cita otra audiencia previa en el caso de las aportaciones a Fagor

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Bergara (Gipuzkoa) ha fijado una nueva audiencia previa en el caso de las aportaciones voluntarias a Fagor Electrodomésticos para el próximo 11 de abril.

El juzgado ha acogido hoy la primera sesión previa de este procedimiento, la demanda de cerca de un millar de excooperativistas de Fagor Electrodomésticos y Edesa, que reclaman a la Corporación Mondragón que les indemnice con más de 47 millones de euros por la pérdida de los ahorros que tenían depositados en la empresa en forma de aportaciones voluntarias, préstamos mercantiles, préstamos especiales y reintegros pendientes.

Según han informado fuentes de Eskuratu, la asociación que, junto con Ordaindu, agrupa a los afectados, durante la audiencia de hoy la Corporación Mondragón ha solicitado a los demandantes una serie de aclaraciones, como precisar en la demanda qué producto concreto suscribió cada excooperativista.

La juez ha otorgado a Ordaindu y Eskuratu un plazo de 40 días para entregar la nueva documentación con la precisiones reclamadas por los abogados de la corporación de cooperativas, tras lo que el 11 de abril se celebrará una nueva audiencia previa.

En la sesión de hoy se han planteado varias cuestiones técnicas, como las relativas a los herederos de los afectados, "que se han solucionado", según las citadas fuentes.

Los demandantes creen que, una vez dilucidadas las cuestiones previas, el juicio podría iniciarse el próximo mes de diciembre o en enero de 2018.

Los afectados, cerca de un millar, presentaron en diciembre de 2015 una demanda acumulada en la que solicitaron que se condene a Mondragón al pago de las compensaciones, al entender que "su actuación a lo largo de los dos años previos a la declaración de concurso de acreedores de Fagor Electrodomésticos y Edesa perjudicó de forma directa sus intereses como acreedores".

Los excooperativistas acusan a la corporación guipuzcoana de transmitir a los antiguos socios trabajadores "mensajes tendentes a impedir que recuperaran el dinero que habían dejado depositado" en las dos cooperativas.

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