Govern denuncia convenio en vigor para asumir la gestión de impuestos cedidos

La Generalitat quiere asumir desde el 1 de septiembre de 2017 de forma plena la liquidación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y del de Transmisiones Patrimoniales, y por ello hoy ha aprobado denunciar el convenio en vigor por el cual los registradores de la propiedad ayudan al Govern con estos impuestos.

El secretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó, ha comunicado esta decisión de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) al decano de los Registradores de la Propiedad de Cataluña, Luis Suárez, durante una reunión celebrada esta tarde.

En un encuentro con periodistas, Lluís Salvadó ha explicado que la Junta de Gobierno de la Agencia Tributaria de Catalunya ha aprobado hoy la denuncia de dos convenios: el referido a esos impuestos, que tiene un valor de unos 27 millones de euros y vence el 31 de octubre de 2017, y otro relacionado con la grabación de documentos, es decir, que incluye aspectos como la digitalización de documentación, valorado en 500.000 euros.

Este último convenio expiraba el 31 de diciembre de este año, y su denuncia tenía que hacerse con un preaviso de dos meses para evitar que se prorrogara de forma automática, por lo que el Govern ha anunciado hoy la denuncia de los dos convenios.

Con esta decisión, el ejecutivo catalán pone en marcha el proceso para que la ATC asuma las gestiones relacionadas con estos impuestos cedidos que se hacen actualmente en las 53 oficinas liquidadoras que los registradores tienen en toda Cataluña.

Es decir, las funciones de atención e información al cliente, comprobación, liquidación y recaudación de estos tributos.

El secretario de Hacienda ha asegurado que el Govern se propone asumir ya estas funciones a partir del 1 de septiembre de 2017, si bien ha admitido que esta fecha podría sufrir modificaciones.

A la pregunta de si cree que los registradores pedirán una indemnización al Govern porque se finalice el convenio dos meses antes de lo previsto, Salvadó ha añadido que será una cuestión que tendrá que abordarse con este colectivo.

Salvadó ha insistido en que la Generalitat quiere incorporar a su plantilla a las 277 personas contratadas por los registradores para liquidar estos impuestos, y por ello ha asegurado que el Govern ya ha previsto la incorporación de este colectivo como interinos.

En cualquier caso, Salvadó ha admitido que se trata de un proceso "complejo" y ha evitado decir cuántas de estas personas pueden acabar integrándose en la Generalitat, aunque ha dado por supuesto que su incorporación se haría "de forma escalonada".

La Generalitat pretende compensar la pérdida de las 53 oficinas liquidadoras de los registradores con la ampliación de 4 a 19 de las sedes de la ATC -un proceso que debe estar listo a finales de julio de 2017- y con la apertura de otros "diez puntos de servicio tributario" que se instalarán en poblaciones de menor tamaño.

En concreto, la ATC ubicará estos futuros puntos de servicio tributarios en locales propiedad de las diputaciones o de los entes locales con el fin de ganar presencia en el territorio.

Salvadó ha asegurado que poblaciones como Igualada (Barcelona), donde ha habido quejas por la posible pérdida de su oficina liquidadora, son ejemplos de ciudades donde se podría justificar que hubiera un punto de servicio de este tipo.

El nuevo director de la ATC, Eduard Vilà, por su parte, ha asegurado que las oficinas liquidadoras asumen el 36 % de las presentaciones relacionadas con estos impuestos, por un 31 % canalizadas a través de las delegaciones de la ATC y un 33 % que se recibe de forma telemática.

Vilà también ha negado que la Agencia Tributaria de Catalunya vaya a sufrir un "colapso" por asumir estas tareas, puesto que la ATC ya realiza el grueso del trabajo relacionado con estos impuestos, ha añadido.

Asimismo, ha desmentido que la asunción de estas tareas pueda comportar una pérdida de recaudación, y ha remarcado que la ATC liquida un mayor volumen que las oficinas liquidadoras.

Por otra parte, Salvadó también ha afirmado que, actualmente, la Generalitat destina 27,5 millones a pagar a los registradores por ayudarle con estos impuestos cedidos y que destina otros 10 millones a pagar a la Agencia Tributaria estatal para que esta asuma gestiones como el cobro de multas del Servicio Catalán de Tráfico, un trámite que el Govern espera asumir ya en mayo de 2017.

En cambio, Salvadó estima que aumentar el personal para asumir estas tareas le costará a la ATC unos 10 millones de euros y que habrá que asumir otros 3,2 millones más por el despliegue de la agencia por el territorio.

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