CIDH considera "irremplazables" a defensores de Derechos Humanos en Guatemala

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó hoy que la protección del derecho a la vida de los defensores de los derechos humanos en Guatemala es una "obligación" del Estado y recordó que tienen un papel "protagónico".

Su función, explica la institución en un informe presentado hoy lunes en Guatemala, es "una pieza irremplazable para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera".

Según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), entre enero y septiembre de 2015 se registraron 380 ataques o agresiones contra este colectivo.

En estas cifras están incluidos asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias, persecución y vigilancia que sufren, por ejemplo, Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo Juan y Sotero Adalberto Villatoro, líderes comunitarios del municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango.

La información recabada por la Comisión muestra que desde 2008, los tres han actuado "como mediadores" en conflictos entre la sociedad civil y las autoridades por el proyecto hidroeléctrico de la empresa Hidro Santa Cruz.

Sin embargo, en febrero de 2014, una sala de la Corte de Apelaciones ordenó su prisión preventiva por los delitos de amenazas, detención ilegal, coacción, plagio y secuestro.

Ante este caso, y otros muchos que enumera en el informe, la CIDH asegura ver "con preocupación" la emisión y ejecución de órdenes de captura en momentos "trascendentales" para la lucha comunitaria.

De acuerdo a UDEFEGUA, se ha evidenciado "un aumento desproporcionado de denuncias judiciales en contra de" defensores de los derechos humanos, que llegaron a 61 en 2013, de las cuales 40 estuvieron acompañadas de detenciones "denunciadas como ilegales".

Para evitar situaciones como estás, recomienda además adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para realizar consultas a los pueblos o comunidades donde se pretendan realizar actividades o proyectos de extracción de recursos naturales.

Reconocer la propiedad de la tierra de los pueblos indígenas es una "oportunidad para la reducción de la inseguridad jurídica en Guatemala" y también puede resultar "clave para avanzar en el reconocimiento de derechos históricos a comunidades y pueblos".

La labor de estas personas "es fundamental para la implementación de los derechos humanos, así como para la existencia plena de la democracia y el Estado de Derecho".

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